Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Lanzarote

El juez que investiga la manipulación del sumario, Rafael Lis, lo hace tras una denuncia presentada por uno de los principales imputados del caso Unión, el abogado y empresario Luis Lleó. El magistrado considera que hay sobrados indicios que apuntan «al menos a un delito continuado de falsedad en documento público» por parte de los cuatro funcionarios investigados.

El juez Lis sostiene en un auto fechado el pasado 29 de septiembre que investiga «la presunta manipulación o alteración durante un prolongado lapso de tiempo de elementos esenciales de un número muy significativo de documentos policiales y resoluciones judiciales que han generado efectos procesales». Son varias decenas los documentos que habrían sido alterados. Sólo en resoluciones judicales hay pruebas de quince documentos «fabricados» . También se habrían manipulado grabaciones telefónicas, que llegaron al juzgado con cortes.

Las pesquisas apuntan a que el juez Pamparacuatro, el que fuera su secretario -José Ramón Vera-, el jefe del grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que llevaba el caso Unión -el entonces capitán Vicente C.E., que ascendió a comandante en el año 2012- y el sargento que actuó como secretario policial actuaron conjuntamente para «fabricar» el sumario antes de levantar el secreto (los cuatro están actualmente en otros destinos). De este modo, presuntamente, hicieron y fecharon autos y otros documentos años después de las fechas que constan. Es decir, primero pinchaban los teléfonos y tiempo después hacían los autos que justificaban esos pinchazos. También hay autos judiciales en los que aparece «una imitación servil de la firma de D. César Romero Pamparacuatro».

El caso saltó porque se equivocaron al poner las fechas y consignaron en los documentos días en los que el juez y el secretario estaban de vacaciones o de baja. Esos autos deberían haber pasado por el juez de guardia que en ese momento tocara. En cuanto a los guardias civiles, si las fechas que aparecen en el sumario fueran ciertas, el mismo día estarían simultáneamente en un registro en Lanzarote y firmando documentos en Madrid .

El juez Lis recoge que hay «indicios sólidos que evidencian una genérica manipulación en la aparente notificación de las resoluciones judiciales a los agentes de la UCO denunciados a partir del contraste entre documentos que se contradicen entre sí, pues sitúan simultáneamente a alguno de los dos agentes notificándose personalmente una resolución judicial en el Juzgado nº 5 de Arrecife y a su vez lo sitúan en las dependencias de la UCO en Madrid realizando labores de Policía Judicial en al menos 13 ocasiones espaciadas en el tiempo». El juez Lis también asegura que los dos agentes de la UCO habrían realizado otras 26 veces «dos gestiones distintas de forma simultánea». Concluye el magistrado que «ni siquiera a un funcionario público se le puede presumir el don de la ubicuidad» .

El titular del Juzgado de Instruccion Número Tres de Arrecife ordenó TSJ de Canarias, al Consejo General del Poder Judicial y a la Guardia Civil que enviaran al juzgado los turnos de trabajo, vacaciones y bajas de los funcionarios investigados. También ordenó que se el facilitaran las fechas de los viajes de los guardias civivles entre Madrid y Lanzarote.

Entre los muchos ejemplos que obran en la causa, está un auto judicial con fecha 29 de agosto de 2008 firmado, en teoría, por el juez Pamparacuatro y por su secretario judicial. Pero, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez estuvo de vacaciones desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre, y el secretario judicial, del 11 de agosto al 10 de septiembre. En la fecha del auto no tenían jurisdicción . El denunciante sostiene que el auto lo hizo uno de los guardias civiles quien, por error, usó el escudo del Gobierno de Canarias en lugar del oficial de las islas, que es el que utiliza la Administración de Justicia.