Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid - EFE

El juez interroga a Cifuentes como testigo por la causa contra González

La jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, primera de los cinco testigos en declarar ante el juez

MadridActualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interroga este miércoles como testigo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la investigación abierta a su antecesor, Ignacio González, arrestado por una operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid. Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha citado para hoy a cinco personas, entre ellas Cifuentes, que pueden arrojar luz sobre lo sucedido. Se han producido por ahora doce arrestos.

La primera testigo en llegar a la Audiencia Nacional ha sido Marisa González, la jefa de gabinete de Cifuentes. Todo indica a que Cifuentes comparecerá por videoconferencia, sin desplazarse a la sede judicial.

Marisa González acude a la Audiencia Nacional
Marisa González acude a la Audiencia Nacional - INMA FLORES

Los otros testigos citados hoy serían Rafael Prieto, el director general del Canal; Josep Creuheras, el presidente del Grupo Planeta; y Ángel Garrido, el consejero de Presidencia de Cifuentes y portavoz de la Comunidad de Madrid; además de las ya mencionadas Marisa González y Cristina Cifuentes. Garrido también declararía por videoconferencia, en lugar de en persona, como Cifuentes, según informaron fuentes jurídicas. Esta posibilidad está permitida por la ley del proceso penal para presidentes y consejeros autonómicos.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Cifuentes ha dicho que desde la Comunidad de Madrid están «colaborando absolutamente con la Justicia» y ha recordado que «en su día» remitieron una información relativa al Canal de Isabel II.

Apoyándose en el secreto de sumario, Cifuentes ha insistido en que el Gobierno regional colaborará «en todo» lo que necesite el juez Velasco. «Nuestra colaboración es absoluta. Tenemos tolerancia cero contra la corrupción y haremos todo lo que nos pida el juez, pero respetamos el secreto de sumario. Somos los primeros interesados en que se llegue hasta el final».

Investigación a Mercasa-Incatema

La investigación, iniciada en julio de 2016 por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en posibles irregularidades de los antiguos responsables de la Comunidad de Madrid, la anterior administración autonómica. Los investigadores sospechan que los implicados desviaron fondos públicos en su propio beneficio.

A los arrestados les atribuyen los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Tras los arrestos, lo previsible es que los detenidos comparezcan en dependencias policiales y se han puestos a disposición judicial en un plazo de setenta y dos horas. El magistrado, después de escucharles, podrá acordar su ingreso en prisión si aprecia riesgo de que frustren la investigación.

En paralelo a la investigación dirigida por Velasco por las irregularidades en el Canal de Isabel II, el juez también de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación a la empresa Mercasa-Incatema, un consorcio que trató de montar un mercado mayorista (estilo Mercamadrid) en Luanda, la capital de Angola. El consorcio proviene de la empresa pública Mercasa y está participado por el Sepi, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del Ministerio de Hacienda.

Fuentes jurídicas han informado que esta operación, en la que hay una decena de personas imputadas, no ha provocado detenciones, pero sí registros. El magistrado investiga a una serie de personas que firmaron el contrato para crear dicho mercado en Luanda, valorado en más de 500 millones de dólares, una operación en la que se provocaron sobrecostes para pagar comisiones a los implicados, según los indicios acumulados. Los delitos que se investigan son corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal. Esta investigación, ligada a la dirigida por Velasco por la empresa Mercasa, nació como una pieza separada del caso Defex, una empresa pública que se dedicaba a intermediar en la exportación de armas, investigada por supuestas irregularidades también en Angola.