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El juez archiva una denuncia por sedición contra un ayuntamiento catalán que apoyó la ruptura

Argumenta que el consistorio de San Cugat del Vallés aprobó una moción antes de que la resolución fuera anulada

DE SAN BERNARDO

LUIS P. ARECHEDERRA

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha archivado una denuncia contra el ayuntamiento independentista de San Cugat del Vallés por los delitos de rebelión y sedición al apoyar la resolución de ruptura del Parlamento catalán, invalidada por el Tribunal Constitucional. El magistrado considera que la moción de apoyo del consistorio no es un «ilícito penal», entre otras cosas, porque se realizó antes de que la declaración independentista fuera anulada.

En un auto, el magistrado argumenta que el pleno municipal no podía saber «cual sería el pronunciamiento» del Tribunal Constitucional, a pesar de que el garante de la Constitución ya hubiera suspendido la resolución después de que el Gobierno presentara un recurso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional marcó dicho momento, la suspensión, como el momento en el que existiría delito, si los funcionarios o personalidades de Cataluña «ejecutaban actos» que pusieran en marcha la declaración de ruptura, algo con lo que no está de acuerdo el juez. La suspensión, argumento, no certificó la ilegalidad.

La moción de apoyo del ayuntamiento, que fue presentada por Convergencia, se limita además a transcribir la propuesta de dos asociaciones de la sociedad civil , explica De la Mata, quien añade que el Tribunal Constitucional ha fijado que la Carta Magna ampara «la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional».

El juez considera «llamativo» que se considere que pueden cometer un delito de rebelión o sedición , castigados con hasta quince y treinta años de prisión, los actos de apoyo o ejecución de la resolución independentista realizados por funcionarios locales, como los concejales; mientras que no se haya realizado ninguna acción penal contra los parlamentarios catalanes que aprobaron la declaración ni contra las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la campaña municipal de mociones de apoyo en Cataluña.

La Fiscalía presentó una denuncia contra otros cuatro ayuntamientos más, gobernados por la CUP, por los mismos hechos. Según el Ministerio Público, la ilegalidad existía desde que el Tribunal Constitucional suspendió la resolución. Instó por ello a todos los agentes policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra, a que actuaran si apreciaban cualquier acto que pudiera ser constitutivo de rebelión.

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