El juez admite a trámite la querella de Anticorrupción contra cuatro ex altos cargos de MÉS

Josep María Aguiló

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17/10/2017 a las 13:16h.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell , ha admitido a trámite la querella presentada hace dos semanas por la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro ex altos cargos de MÉS en el Gobierno balear y contra el coordinador de la última campaña electoral de la citada coalición econacionalista, Jaume Garau , en el marco del denominado caso Contratos. En dicha causa se investiga la presunta adjudicación irregular de varios contratos menores a Garau, a través de su empresa Regio Plus Consulting. Anticorrupción les atribuye a los cinco los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La citada querella incluía, además de a Garau, a la exconsejera de Transparencia y Cultura del Govern, Ruth Mateu ; el exdirector del Instituto de Estudios Baleáricos, Josep Ramón Cerdà ; el ex director general de Cultura, Jaume Gomila , y el entonces gerente de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Muñoz , quien de inmediato puso su cargo a disposición del vicepresidente del Gobierno balear y consejero de Turismo, el econacionalista de MÉS Biel Barceló . La renuncia de Muñoz fue aceptada finalmente por Barceló el martes de la pasada semana.

El origen del caso Contratos cabe situarlo en abril de este año, cuando Anticorrupción abrió diligencias informativas en relación a seis contratos «a dedo» otorgados al estratega electoral de MÉS por Mallorca en el primer tramo de la presente legislatura autonómica, cinco por parte del Gobierno balear y uno por parte del Ayuntamiento de Palma. El montante total de dichas adjudicaciones a Garau ascendió a 154.360 euros .

Las adjudicaciones a través de contratos menores o de procedimientos negociados, coloquialmente denominadas «a dedo», son legales, pero en estos últimos años se están cuestionando cada vez más porque en algunos casos pueden encubrir actuaciones supuestamente delictivas. Según la Fiscalía, esa última situación se habría dado en este caso concreto, al haberse producido una presunta fragmentación irregular de contratos para, al parecer, soslayar la convocatoria de un concurso y favorecer directamente a una de las empresas de Garau.

Más allá de las hipotéticas responsabilidades penales que finalmente se puedan derivar o no de este caso en un futuro, las consecuencias políticas empezaron a evidenciarse hace ya medio año. Así, el pasado 31 de marzo la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, forzó la dimisión de Ruth Mateu como consejera autonómica de Transparencia y Cultura. El cese de Mateu —integrante de MÉS por Menorca— no fue bien recibido por los econacionalistas menorquines, que ese mismo día anunciaron su salida del Govern. De ese modo, expresaron su malestar con sus compañeros de MÉS por Mallorca y con el PSOE, al considerar que, de manera injusta, ambas formaciones habrían hecho recaer sobre Mateu toda la responsabilidad sobre el asunto de las adjudicaciones hoy bajo sospecha.

Por su parte, el vicepresidente balear se vio obligado a comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear el pasado 12 de abril para dar explicaciones sobre esta cuestión. Barceló reconoció entonces que fue un «error político» que altos cargos de su departamento hubieran adjudicado dos contratos sin concurso público a Garau. En dicha fecha compareció igualmente el consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal , también integrante de MÉS por Mallorca. Vidal defendió en la citada comisión la legalidad de un contrato menor otorgado por su departamento a Garau.

Las explicaciones ofrecidas entonces por Barceló y por Vidal no convencieron ni a la oposición —PP, Cs y PI— ni a Podemos, partido que presta su apoyo externo al Ejecutivo de Armengol. En ese sentido, el entonces líder de la formación morada en Baleares, Alberto Jarabo, pidió de manera implícita a Barceló que dimitiera, posibilidad que el vicepresidente descartó en aquel momento. Barceló volvió a descartar dimitir la pasada semana, después de que el diputado del PP Antonio Gómez hubiera pedido en el Parlamento balear su renuncia.