Jueces y fiscales piden a Delgado que exija a Sánchez lo que ella misma reivindicaba como fiscal en mayo

La mitad de ambas carreras secundan una huelga por la independencia del Poder Judicial

Concentración ante las sede de los juzgados de la Plaza de Castilla EFE

19/11/2018 a las 14:06h.

Ni represalias por hacer huelga ni «amenazas veladas». Lo único que esperan jueces y fiscales de la ministra de Justicia, Dolores Delgado , es que asuma las reivindicaciones que hace apenas unos meses ella misma enarbolaba desde la Unión Progresista de Fiscales. De hecho el pasado marzo Delgado secundó la huelga que estos mismos colectivos hicieron contra su antecesor en el Ministerio, Rafael Catalá .

«Esperábamos que lo que entonces le parecía exigible a quien gobernaba hiciera ella exigible ahora al presidente Pedro Sánchez », ha señalado este lunes la decana de los jueces de Madrid, María Jesús Barco .

A esta hora, y a falta de datos oficiales, las primeras informaciones de las que disponen los convocantes es que la mitad de jueces y fiscales están secundando la huelga este lunes a la que estaban llamados más de 7.000 profesionales. Parte de ellos escenificaron a las 13 horas su paro en las puertas de los emblemáticos juzgados de Plaza de Castilla.

Mejores condiciones laborales, más medios, derecho a permisos y derogación de los plazos de instrucción son algunas de las reivindicaciones de las siete asociaciones que han secundado esta huelga en la que «hoy más que nunca», ha recordado Del Barco, cobra especial importancia la separación de poderes .

En el comunicado del que la decana ha hecho lectura se menciona expresamente la negociación política para la renovación del Consejo General del Poder Judicial , un acuerdo en el que se ha anunciado el nombre del presidente del Supremo sin que se haya constituido todavía el nuevo Consejo, cuyos vocales son los que deben proceder a este nombramiento.

«Los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes», ha proclamado Del Barco. «Un CGPJ elegido por fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el Estado de Derecho».