Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Carme Forcadell y Jordi Turull

Jueces y fiscales aclaran al Govern que son ellos quienes garantizan los derechos de los catalanes

Las asociaciones rechazan la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales creada por la Generalitat

MadridActualizado:

Las asociaciones de jueces y fiscales han manifestado este viernes su «rotundo» rechazo a la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales creada por la Generalitat de Cataluña porque consideran que es un órgano «innecesario», ya que en España los derechos y libertades están garantizados por la Constitución.

Las asociaciones de jueces Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD), Foro Judicial Independiente (FJI); y las de fiscales Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han firmado un comunicado conjunto en el que subrayan que el «desempeño profesional» de todos ellos parte de un «firme compromiso constitucional para la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos».

En este sentido, critican que el Gobierno de Carles Puigdemont haya creado una «Comisión Especial» porque, a su juicio, es «innecesario». Jueces y fiscales ya «intervienen como garantes de la convivencia, para hacer posible el equilibrio armónico de todas las sensibilidades e intereses de cualquier naturaleza o clase sin hacer distinción entre ellos», destacan.

Según dicen, la Comisión pretende «nítidamente interferir» en la función que la Constitución dota a los miembros del Poder Judicial para garantizar los derechos fundamentales y las libertades. Por ello, insisten en que «nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos».

Por último, jueces y fiscales aseguran que mantienen su «compromiso de servicio público» para «auxiliar» a todo aquel que vean «lesionados sus intereses y derechos» o «no puedan ver superados sus conflictos», siempre bajo el «ejercicio responsable» de la «función constitucional».