Los jueces piden limitar sus «puertas giratorias» a la política

No es el único. Fernando Román , magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, encargada de resolver conflictos que afectan a la Administración, fue secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz Gallardón cuando el Gobierno del PP aprobó las tasas a las que luego renunció.

Este viaje a la política –un billete en general de ida y vuelta– lo han transitado también jueces instructores de la Audiencia Nacional, encargados de investigar las grandes causas contra la corrupción, muchas de las cuales afectan a los partidos políticos, aquellos que les brindaron ese puesto que les permitió «jugar» a la política.

Eloy Velasco , juez que indaga en las tramas de corrupción Púnica o la del Canal, fue director general de Justicia en el Gobierno de la Generalitat valenciana de Francisco Camps, del Partido Popular. José de la Mata, el magistrado que estrecha el cerco sobre la familia Pujol, fue director general de Justicia con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta «puerta giratoria» entre la política y la justicia –una lista que incluye a Juan Carlos Campo Moreno, Margarita Robles, Carlos Lesmes, Margarita Mariscal de Gante, Fernando Rosa, José Ignacio Zoido, José Antonio Alonso, o el juez estrella por excelencia, Baltasar Garzón– aumenta la desconfianza hacia la justicia de los ciudadanos, según advierten las asociaciones profesionales de jueces. Las cuatro mayoritarias, con las que ha hablado ABC, piden por unanimidad restringir el regreso de los magistrados a sus funciones judiciales, aunque todas defienden el viaje a la política como un derecho.

Celso Rodríguez, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de corte conservador, califica de «necesidad» que se regulen las puertas giratorias de los jueces para salvar la credibilidad del Poder Judicial. Rodríguez propone que se establezca una limitación temporal (que el juez no pueda reintegrarse en la función judicial durante un tiempo, un paréntesis de desintoxicación) y una restricción en los destinos (que el juez no pueda regresar a órganos judiciales que conozcan de causas que puedan afectar a los políticos). Coincide con él Ignacio González Vega, portavoz de la progresita Jueces para la Democracia, quien añade que la solución es «compleja» y su éxito depende de la «habilidad del legislador». «Hay puestos más susceptibles que otros, como la Audiencia Nacional», afirma González. Ninguna asociación se atreve a fijar un escalón que distinga unos cargos de otros.

«La concreción de la limitación de este regreso le corresponde al poder legislativo», señala Rodríguez, que pide que la sociedad entienda que los cambios normativos dependen de los grupos parlamentarios, es decir, de los políticos, que por ahora no han acordado niguna reforma. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planea revisar esta regulación, informaron a ABC fuentes del Minsterio, al considerar que no es «sana» la «ausencia» de normas.

El antiguo presidente de la asociación de Foro Judicial Independiente , Conrado Gallardo, también apoya «endurecer el régimen de incompatibilidades», recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero pide compensar «el sacrificio de la exclusividad» con otras medidas, como una mayor remuneración. Entre las fórmulas para limitar el regreso de los jueces que ocuparon cargos políticos, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, también pide que no conserven sus antiguas plazas, para primar a los magistrados que vienen de abajo.

Según todas las asociaciones, los límites son necesarios para salvar la apariencia de imparcialidad de los jueces, exigida por los tribunales: no solo que sean justos, también que lo parezcan.