Unos empleados entran este miércoles en el Ayuntamiento de Gerona, donde se personaron agentes de la Guardia Civil
Unos empleados entran este miércoles en el Ayuntamiento de Gerona, donde se personaron agentes de la Guardia Civil - EFE

Investigan una compra de obras de arte en el Ayuntamiento de Gerona que ordenó Puigdemont

La Guardia Civil regresa al Consistorio por la trama del fraude del agua

BarcelonaActualizado:

La conocida como «trama del agua» ya salpicaba a Carles Puigdemont. Hace meses que un juzgado indaga sobre supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de suministro de agua Agissa –que da servicio a tres ayuntamientos gerundenses– entre 1998 y 2013. Se sospecha que pudo haber un desvío de fondos públicos. Son Salt, Sarrià de Ter y la propia Gerona, incluyendo el periodo en el que Puigdemont estuvo al frente.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016. La investigación también afectaría al periodo en el que el actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, fue alcalde de Sarrià de Ter (2007-2018). De momento, no hay ningún concejal imputado. Entre otras irregularidades, se investiga la última renovación del contrato de suministro de agua, en 2013, durante el mandato de Carles Puigdemont.

El pasado 19 de septiembre la Guardia Civil practicó una quincena de entradas y registros en los tres ayuntamientos, en la sede de Agissa y también en despachos de diversos directivos de la compañía. Una vez analizada la documentación incautada, los investigadores concluyen que los responsables de estos consistorios pudieron haber cometido delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil.

Y es que los investigadores sospechan que pudo haber un fraude en el uso de fondos públicos. Por eso, ayer los agentes del instituto armado –acompañados del fiscal anticorrupción José Grinda– volvieron a los tres ayuntamientos para requerir más información, dentro de unas diligencias amparadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, que se encarga del caso.

Ahora, la Fiscalía también tiene en el punto de mira –dentro de la misma trama– la compra por parte del Ayuntamiento de Gerona durante el mandato de Puigdemont del fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella (1914-2002), que incluye una colección de arte contemporáneo de 1.200 obras (con piezas de Dalí, Miró, Picasso o Tapies), además de una vasta biblioteca y un archivo personal. Supuso un desembolso de casi cuatro millones de euros. La Fiscalia quiere determinar el origen del dinero con el que se compró esta colección, según informó ayer el Ministerio Público en un comunicado.

Una compra polémica

La compra de este fondo artístico, aprobada en 2014, fue polémica desde el principio por el gran desembolso que suponía para las arcas municipales. Además de la compra, el compromiso con la familia Santos Torroella implicaba también exponer la obra en la Casa Pastors –delante de la Catedral–, que necesitaba de una remodelación millonaria para acogerla.

La oposición no estaba dispuesta. En el pleno municipal que se celebró entonces, el PSC, ICV y la CUP votaron en contra. Sumaban 11 votos, los mismos que tenía CiU con el apoyo de un concejal no adscrito. Pero decidió el voto de calidad del entonces alcalde, Carles Puigdemont.

Un «show mediático»

La actual alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas –del PDECat, igual que Puigdemont– defendió ayer la compra. Aseguró, en declaraciones a los periodistas, que todo el dinero que se destina a la adquisición del fondo de Santos Torroella proviene de partidas ordinarias del ayuntamiento y no del canon del agua.

Aseguró que la compra se hace a plazos y que cada año sale de las partidas de inversión del ayuntamiento. Añadió que la primera vez que el Ayuntamiento mostró su interés en comprar el fondo de arte fue en 2001, cuando gobernaba el PSC, y defendió que el precio de 3,9 millones de euros que se pagó fue muy inferior a la tasación que se hizo entonces, de siete millones.

Para la alcaldesa, la intervención ayer de la Fiscalía y la Guardia Civil en los tres consistorios gerundenses fue un «show mediático». Dijo que, si se les hubiera pedido con tiempo, podrían haber preparado con tranquilidad la documentación porque es una causa judicial que lleva abierta tiempo y ellos no tienen «nada que esconder».

En parecidos términos se expresó el concejal de la CUP Lluc Salellas –partido que denunció en los tribunales el supuesto desvío de fondos en la trama del agua– que considera la entrada de ayer «el enésimo ‘show’ mediático ordenado por la Fiscalía española».

El PP pide explicaciones

Por su parte, la vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, reclamó ayer en un foro «explicaciones» a Puigdemont por estos supuestos fraudes. Le avisó, además, de que no podrá ocultar sus «prácticas indeseables» detrás de ninguna bandera.

«Como cualquier político, tendrá que dar las explicaciones que son pertinentes», señaló Levy sobre las investigaciones de la Guardia Civil, en la que se conoce como «operación Aquarium».

El supuesto fraude se remontaría a la etapa del alcalde socialista Quim Nadal y habría continuado con Carles Puigdemont al frente del Ayuntamiento de Gerona. Esto demuestra, según Levy, que «por mucho que intenten blanquear sus siglas, la antigua Convergència en Cataluña es la misma de siempre, la del 3%». Se refería así a las supuestas «mordidas» que los convergentes cobraban a empresas, sobre todo constructoras, a cambio de concederles obras públicas a través de las instituciones que controlaba el partido.

La dirigente del PP insistió en que «por ninguna bandera y sentimiento pueden ocultar esas prácticas indeseables», que ahora se están investigando sobre la supuesta tram