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El Govern empieza a presionar a los institutos para la movilización del 1-O

Directores de centros denuncian que han recibido llamadas para que cedan ya las llaves

Papeletas que la Guardia Civil se ha incautado para votar en el referéndum del 1 de octubre EFE

E. ARMORA

Los principales sindicatos educativos catalanes lograron la semana pasada arrancar a la Generalitat el compromiso de que, en caso de contactar con los directores de los centros educativos de cara al referendum ilegal del 1 de octubre, la comunicación debe ser siempre por escrito. También acordaron que en el documento conste explícitamente que se exime a los profesionales educativos de cualquier responsabilidad. De este modo, según precisan a ABC portavoces sindicales, se evitarán situaciones de tensión como las vividas por algunos directores durante la consulta del 9-N, en 2014.

Según ha podido saber este diario, el Gobierno catalán ha incumplido su reciente compromiso y ha llamado esta semana a varios institutos de la provincia de Barcelona para solicitar a sus responsables que entreguen las llaves de las instalaciones para el próximo 1 de octubre con el fin de usarlas como sede electoral.

Una llamada de teléfono

Las citadas fuentes consultadas, que han querido preservar el nombre de los centros afectados y la localidad en la que se encuentran, aseguran que media decena de directores de institutos de la provincia de Barcelona (no en la capital) denunciaron a comienzos de esta semana ante los sindicatos que ya han sido presionados por la Generalitat de cara al referéndum. «Nos han llamado preocupados diciendo que la Generalitat ya les ha pedido por teléfono las llaves. Están muy angustiados», aseguran los citados portavoces. No descartan que «se hayan producido más presiones pero que no hayan sido denunciadas».

Las federaciones de Enseñanza de UGT y CC.OO. remitieron hace unos días a la Consejería de Enseñanza, que dirige Clara Ponsatí , una propuesta para blindar a estos profesionales. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Cataluña exigió al departamento que dirige Ponsatí una condición indispensable: que, en caso de emitirse, el requerimiento a los directores sea siempre por escrito, a través de los Servicios Territoriales de Enseñanza, y que en este documento conste explícitamente que quedan totalmente eximidos de cualquier responsabilidad.

«No permitiremos que ningún trabajador quede desprotegido », indicaron portavoces de esta central. UGT coincide con CC.OO. en la necesidad de que los trabajadores de la enseñanza queden blindados ante cualquier sanción. Este último sindicato confirmó ayer que ha empezado a recibir ya consultas de funcionarios sobre su trabajo y el 1-O. Ustec, central mayoritaria entre los profesores, se muestra partidaria de que se vote en las escuelas.

Tras presionar, sin éxito, a los alcaldes socialistas para que cedan locales municipales, la Generalitat centra su estrategia ahora en lograr que los centros educativos les cedan las llaves para garantizar que habrá sedes electorales el 1-O. Se contempla la posibilidad de prescindir de los centros que sean de titularidad municipal para concentrar las votaciones en los que sean propiedad del Ejecutivo de Puigdemont, y así no depender de la afinidad de los distintos alcaldes.

El último movimiento del Govern fue cesar, la semana pasada, al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, cargo que pasó a asumir la propia consejera, ya imputada por la organización del 1-O, al igual que el resto de consejeros.

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