Una de las cargas que se sucedieron durante el 1-O - ABC

«El Govern asumió que la muchedumbre iba a protagonizar violencia el 1-O»

La petición de la Fiscalía dibuja un grave horizonte penal para los antiguos gobernantes catalanes

Los querellados sabían que en un referéndum ilegal participarían solo independentistas

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La querella de la Fiscalía contra los líderes del proceso independentista unilateral relata un plan contra la ley, premeditado, que trató de envolver a toda la sociedad catalana, agitando las calles. El Ministerio Público coloca el pistoletazo de salida de este proceso en la declaración de desconexión del Parlamento catalán del 9 de noviembre de 2015. Todas las leyes del secesionismo -anuladas por el Tribunal Constitucional- buscaban barnizar de legalidad la anunciada declaración de independencia, el único destino, bajo la coartada de cumplir un mandato de los ciudadanos que ignoró a gran parte de los catalanes. Las querellas dibujan un grave horizonte penal para los antiguos gobernantes catalanes, a los que atribuye por ello los delitos de rebelión, o como mínimo sedición, y de malversación. Estas son sus claves.

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Intimidación a los agentes y violencia

Los miembros del Govern llamaron a los ciudadanos a ocupar los colegios electorales el 1 de octubre, para obstaculizar la labor de la Policía, que tenía la orden de impedir la votación. Los dirigentes catalanes eran «plenamente conscientes», alega la Fiscalía, de que estaban incitando a las masas «para intimidar a los agentes policiales». Las peticiones de resistencia pacífica no eran sino un «eufemismo».

Con estos mensajes, Carles Puigdemont y su equipo asumían que «esa misma muchedumbre iba a protagonizar también actos de violencia material y física» para lograr que se celebrase el referéndum ilegal, argumenta la querella del Ministerio Público. Para apoyar su tesis, la Fiscalía cita en sus escritos numerosos incidentes que tuvieron lugar el 1 de octubre en Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona.

Una votación solo para independentistas

La Fiscalía desmonta el lema del independentismo para el referéndum ilegal de 1 de octubre, según el cual todos los catalanes -partidarios y opuestos a la secesión- pretendían participar. «Esto va de democracia, no de independencia», llegaron a expresar. «Los querellados sabían que en un eventual referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña; por lo que si lo conseguían llevar a cabo el resultado sería inexorablemente, en virtud del carácter vinculante del referéndum, la proclamación de la independencia», rebate la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público desnuda así el objetivo de la tramitación de las leyes de la ruptura y de la convocatoria del referéndum. El barniz legal creado para la ocasión solo buscaba conducir a la secesión, «prescindiendo de la voluntad del conjunto del cuerpo electoral»: todos los catalanes.

Pérdida de riqueza y fuga de empresas

Economía al borde del precipicio. La Fiscalía lamenta los daños colaterales del proceso independentista. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, argumenta que el proceso independentista podría llevar la prima de riesgo española por encima de los 650 puntos, el nivel que alcanzó en 2012, en el peor momento de la crisis económica. También alega, citando a expertos, que la independencia provocaría una reducción de 200.000 millones de euros en el PIB español, el termómetro de la riqueza del país. La incertidumbre ya ha rebajado las previsiones de crecimiento. Además, según el Colegio de Registradores de Cataluña, más de 560 compañías han movido su sede de la región, con una media de unas 150 empresas huyendo al día en los momentos más críticos.

Consejeros síndicos

Como exigían las leyes de ruptura suspendidas por el Tribunal Constitucional, los cesados consejeros de la Generalitat Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva presentaron los resultados del 1-O en el Registro General del Parlamento de Cataluña. Con ese paso, los tres cumplieron el trámite final del esquema secesionista para permitir la declaración unilateral. Asumieron así la labor de los síndicos electorales, quienes debían proclamar los resultados del 1-O y que dimitieron de sus cargos tras ser multados y apercibidos por el Tribunal Constitucional.

Propaganda del plan por toda Europa

La Generalitat se esmeró en vender por el mundo su plan secesionista. La Fiscalía señala que el Govern realizó solo en 2017 actos de propaganda de la independencia en Alemania, Francia, Irlanda, Inglaterra, Letonia, Suecia, Japón, Estonia y Noruega, además de celebrar en Barcelona dos foros internacionales en la misma dirección. El Ministerio Público advierte de la «impronta sesgada» de las informaciones de la Generalitat, que también difundió su propaganda por la red.

Presión por el diálogo

La Fiscalía incluye en su relato de hechos el escenario posterior al 1 de octubre, cuando la Generalitat inició «una nueva etapa de presión» a las autoridades. Las querellas describen la insistencia de la Generalitat en «un teórico diálogo con la mediación de la comunidad internacional, con especiales llamamientos a la Unión Europea para cubrir el rol de mediador». El Ministerio Público acusa a los gobernantes catalanes de intensificar la presión a la prensa internacional en esta labor. «La colocación de un relato único ha cristalizado en informaciones en medios de comunicación de distintos países que incorporan sistemáticamente la perspectiva de la Generalitat», denuncia. La queralla cita un informe de Reporteros sin fronteras, que dio publicidad a las presiones sufridas por los periodistas nacionales e internacionales con campañas «orquestadas desde la institucionalidad catalana».