Goteo de bajas en la retaguardia de Ciudadanos en los últimos meses

Pero también hay casos de «garbanzos negros», esto es, imputados por irregularidades que Ciudadanos ha tenido que borrar del partido después de que hayan manchado la hoja impoluta con la que el partido que preside Albert Rivera quiere presentarse ante la sociedad. Desde la formación se justifican las bajas en su intención de que ningún cargo que pueda estar salpicado por la corrupción permanezca en el partido. «Aquí cada uno no puede hacer lo que le da la gana. Se cumplen códigos éticos y directrices políticas» , subraya un dirigente de la formación.

Es aquí donde viene precisamente el choque. Lo que para la formación naranja es «cumplimiento de obligaciones», está siendo denunciada por muchos concejales como una dictadura en la que la dirección no permite que nadie cuestione sus postulados. Las bajas, unas veces voluntarias y otras forzadas, se reparten a lo largo de once comunidades autónomas. Entre las acusaciones más duras a la formación, la exconcejal de Algeciras (Cádiz), Elena Abad , se despidió asegurando que «los valores de transparencia, igualdad, solidaridad y libertad» que le llevaron a formar parte de dicho partido estaban «ausentes» de su agrupación, mientras tres exconcejales de Jaén definieron al partido naranja como «una secta que no nos deja respirar», asegurando haber sido víctimas de acoso psicológico.

Por territorios, Andalucía es la comunidad autónoma donde más convulsiones ha sufrido Ciudadanos, registrando al menos ocho crisis internas en distintos municipios en los que tiene presencia. Las dimisiones y ceses le han obligado a buscar recambios en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Algeciras (Cádiz), Jaén, Arcos de la Frontera (Cádiz), Torredelcampo (Jaén), Torremolinos (Málaga), Vélez Málaga (Málaga) y Espartinas (Sevilla). Sonada fue el año pasado la crisis de Ciudadanos en Madrid, cuando se acabó expulsando a casi medio centenar de afiliados que denunciaron falta de democracia. En un pueblo de esta Comunidad, Arroyomolinos, han abandonado el barco nada menos que el alcalde y tres concejales, el concejal de Leganés protagonizando un incidente con dos policías, y los ediles de Móstoles y Las Rozas han sido imputados.

Tampoco es brillante la situación interna de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana donde las expulsiones alcanzaron a siete municipios. A menor nivel, el goteo de salidas se ha ido extendiendo a Aragón (La Muela, Zaragoza), Asturias, Canarias (Cabildo de Tenerife), Cataluña, Extremadura (Mérida), La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha con cambios en el equipo en Albacete, Cuenca, Carranques (Toledo) y Galápagos (Guadalajara).

La precampaña electoral arranca para Rivera con mucha agitación. Ayer se conoció que un grupo de exafiliados, agrupados en el colectivo Plataforma de Garantías Ciudadanas, presentó el pasado 2 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para evaluar si el partido ha podido incurrir «en un delito de financiación ilegal u otro tipo de delito contra la Administración Pública». Una denuncia que se basa en el hecho de que la dirección nacional es la que controla el dinero de los grupos municipales y desde donde se va autorizando los gastos de cada grupo.

Desde la dirección del partido se defiende este modelo para «supervisar» lo que cada grupo hace con las subvenciones. Lo que está en cuestión es un párrafo de la carta ética que firmaron todos los candidatos: «Dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales, al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electores» . En el partido aseguran que esos movimientos no se han producido y que sus campañas siempre costaron menos de lo que recibieron por subvenciones.