Gordó, en el Pleno del Parlamento catalán en el que se aprobó la ley de transitoriiedad
Gordó, en el Pleno del Parlamento catalán en el que se aprobó la ley de transitoriiedad - EFE

Gordó tendrá que explicar hoy en el TSJ de Cataluña su papel en la trama del 3 por ciento

La investigación implica al ex consejero de Justicia y persona de la máxima confianza de Artur Mas en millonarias adjudicaciones ilegales a cambio de dinero para Convergencia

BarcelonaActualizado:

Mientras los independentistas catalanes se dedican a aprobar leyes como la de transitoriedad jurídica, ya suspendida por el Tribunal Constitucional previo recurso del Gobierno, la maquinaria judicial contra la corrupción en esa Comunidad sigue adelante de forma implacable. A mediodía de hoy Germá Gordó, hombre de la máxima confianza del expresidente catalán Artur Mas y con ascendente durante muchos años sobre el actual, Carles Puigdemont, tendrá que explicar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su papel en la trama del 3 por ciento al haberse encontrado indicios de su participación en millonarias adjudicaciones de obras públicas a empresas que luego debían financiar a la ya inexistente Convergencia.

El que la investigación haya alcanzado de lleno a Gordó es clave porque demuestra que la corrupción estaba instalada al más alto nivel dentro de la Generalitat, no solo en la etapa de Jordi Pujol, sino también en la posterior de Artur Mas. El investigado fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Gobierno autónomo entre 2010 y 2012; consejero de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, según el auto del TSJ en el que aceptaba investigar a este político, a día de hoy diputado del Grupo Mixto en el Parlamento de Cataluña después de que sus excompañeros de filas le enseñasen la puerta de salida por sus dificultades judiciales.

En poder de la investigación hay abundante material probatorio, incluido documental, ya que se ha podido reconstruir todo el itinerario que va entre el anuncio de la obra pública hasta su adjudicación, pasando por reuniones con Gordó e ingresos de importantes cantidades de dinero en las cuentas de Catdem, la fundación de Convergencia, en los momentos clave del procedimiento. El relato cronológico de cada uno de los acontecimientos deja en evidencia que en efecto las empresas pagaban a ese partido a cambio de las adjudicaciones de la Administración catalana.

Niega cualquier irregularidad

La gran duda que hay respecto a la declaración de Gordó es cuál será su estrategia de defensa: si se ve atrapado, y de cara a mejorar su situación en el procedimiento, puede tener la tentación de elevar la responsabilidad hasta los máximos responsables políticos de la Generalitat y de su partido; la alternativa es cerrarse en banda, no reconocer ni una sola irregularidad a pesar de las evidencias en su contra y esperar a la evolución del procedimiento por si tiene que tomar otro tipo de decisiones. No obstante, a medida que pase el tiempo y aparezcan más datos su posición se debilitaría al hacerse su colaboración menos necesaria. Él, de momento, parece optar por la segunda posibilidad, ya que según fuentes de su entorno asegura que jamás ha cometido irregularidad alguna.

Como adelantó en su momento ABC, el juez instructor del TSJ, Carlos Ramos, decidió ampliar el objeto de la investigación sobre Gordó e incluir también lo sucedido con las obras de la plaza de las Glòries de Barcelona, que tenían un presupuesto de más de 85 millones de euros sin IVA y que tienen una enorme desviación presupuestaria. En un principio el TSJ consideró, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no había indicios suficientes de que esta operación fuera irregular, pero el magistrado Ramos cambió de criterio a la vista de las pruebas que hay sobre la mesa.

El instructor, Carlos Ramos, ha decidido ampliar el objeto de la investigación e incluir lo sucedido con las obras de la plaza de las Glòries de Barcelona

El juez de El Vendrell Joaquín Bosch, que instruye la pieza general del caso del 3 por ciento, consideraba en su primera exposición razonada al TSJ para que investigase a Gordó que había cinco operaciones concretas supuestamente irregulares que demostrarían que el exconsejero de Justicia participaba en el proceso de concesión de obra pública a empresas a cambio de financiación para Convergencia Democrática de Cataluña.

Eran las del Consorcio de Educación de Barcelona; de otras en el dique del puerto de la Ciudad Condal; unas terceras en un tramo de la carretera C-55; la ya citada de la plaza de las Glòries y las últimas en un instituto de Manresa. El TSJ rechazó en un primer momento aceptar esa exposición razonada y devolvió el caso al juez de El Vendrell.

Cambio de criterio

Pasado un tiempo, el magistrado Bosch volvió a pedir al TSJ que investigara a Gordó, pero esta vez no incluyó las obras de la plaza de las Glòries. Y esta vez sí, el alto tribunal catalán aceptó el caso. Ahora, con la investigación más avanzada, el instructor del TSJ Carlos Ramos sí ha decidido someterlas a su escrutinio.

El 25 de noviembre de 2014 se licitaron las obras de la plaza por 85.319.676 euros, que incluían unos túneles. Contrataba Bimsa, la empresa municipal de gestión de infraestructuras, presidida por Antoni Vives, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Ese mismo día, en la agenda del consejero delegado de la empresa Copisa, Xavier Tauler, hay una anotación sobre el concurso.

El día de presentación de ofertas, el 1 de diciembre de 2014, hay otra anotación de Tauler: «GLORIES UTE amb COMSA I. B. ARNÓ. Vendre la UTE al més alt nivell. President». (Vender la UTE al más alto nivel. Presidente). Y ese mismo día anota un OK para una reunión «con Córcega», calle donde estaba la sede de Convergencia, para hablar sobre el tema.

Anotaciones comprometedoras

Dos días después hay otra anotación de Tauler sobre una reunión con Vives, de nuevo para hablar de «COMSA-B.ARNÓ-ROGASA-Glòries», y escribe que a Rogasa los avisarán ellos.

El 22 de diciembre, supuestamente siguiendo órdenes de Gordó, el tesorero de CDC Andreu Viloca se reúne con Tauler. Ese día la empresa de éste ingresa 40.000 euros en Catdem, la fundación del partido. El 15 de enero, tres días después de la presentación de ofertas, ingresa otros 25.000. El 20 de enero Tauler escribe que ya tiene la adjudicación de sus lotes, pese a que la adjudicación oficial no se hace hasta febrero de 2015... Por supuesto, a la UTE formada por Comsa, Benito Arnó e Hijos, Rogasa y Copisa, exactamente las mismas empresas de las anotaciones de la agenda. El Ayuntamiento de Colau decidió en junio rescindir los contratos con esas empresas y licitar de nuevo las obras.