España

El Gobierno prepara medidas coercitivas contra el referéndum ilegal independentista

Rajoy tiene estudidados todos los escenarios y calendarios posibles sin descartar el «rescate administrativo» del artículo 155

Rajoy se reunió ayer con Cospedal y Maillo brevemente en el Congreso para hablar del cónclave del PP - JAIME GARCÍA

El tono entre el Gobierno de la Nación y los independentistas subió ayer de nivel en el Congreso cuando el portavoz de ERC, Joan Tardà, volvió a amenazar con la celebración de un referéndum ilegal. La operación diálogo no ha dejado huella en esta tormentosa relación, de la que solo se ve un enfrentamiento total, cada vez más enconado. Tras el ruido del debate parlamentario, en los pasillos de la Cámara el Gobierno dejaba caer, desde varios frentes, la advertencia más firme que ha hecho en los últimos meses: están preparadas «medidas coercitivas» para impedir que se celebre un referéndum de secesión, que es ilegal se mire por donde se mire.

Primero fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el Gobierno frenará el referéndum con la Constitución en la mano. Unos minutos después, en el pasillo de la Cámara, Mariano Rajoy insistía en que esa consulta «no se va a celebrar», un mensaje que el presidente repite constantemente, aunque sin dar más detalles. Ayer añadió que es «absurdo» que alguien diga que algo que es ilegal se puede celebrar. Y de paso subrayó que el problema «no es con Cataluña, sino con algunas personas de algunos partidos de Cataluña».

Los «detalles» de esa respuesta que prepara Rajoy los contaron fuentes de La Moncloa. De entrada, el Gobierno tiene estudiados todos los escenarios posibles en Cataluña, y también todos los calendarios. Se adelante o no la convocatoria del referéndum ilegal, el Ejecutivo tendrá la respuesta preparada. Cada una de las opciones tiene, de momento sobre el papel, la reacción correspondiente que permite la ley. No habrá referéndum, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que está fuera de la ley y el Gobierno lo evitará. Para ello, si tiene que precintar colegios electorales o aquellos lugares donde pretendan instalarse urnas, así se hará. Y aunque no es una solución deseada en La Moncloa, si hace falta se reforzarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mantener la defensa de la ley y la Constitución, según las fuentes consultadas.

El caso del 9-N

En la consulta del 9-N de 2014 no se llegó a esos extremos, entre otros motivos porque no fue un «referéndum» como tal. La prueba más clara es que los independentistas quieren celebrar ahora otro. En La Moncloa se considera que aquello fue una especie de «sondeo» a gran escala sin ningún tipo de rigor, en el que además solo participó una parte, y que solo sirvió para exhibir una desobediencia al TC y el procesamiento de varios dirigentes secesionistas.

La principal medida «coercitiva», que no se ha aplicado nunca y que está perfectamente estudiada y planeada en La Moncloa, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahí se recoge la posibilidad de suspender la autonomía de una Comunidad, aunque el Gobierno prefiere llamarlo «rescate administrativo». Ese artículo, con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado (que tiene el PP), permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan y para proteger el interés general. «No se suspende la autonomía, es una rescate de la Administración ante los que la tienen secuestrada para servir a intereses ilegales», comentan las mismas fuentes.

En los principales despachos de La Moncloa están los documentos con el plan diseñado para cada opción, y cada calendario. Nada sorprenderá al Gobierno sin una respuesta preparada, con la idea de que los cabecillas de la sedición en ningún caso se saldrán con la suya y no pondrán en riesgo la unidad de España ni la soberanía nacional. Con ese «rescate administrativo» se trataría de velar por el interés de los catalanes en ámbitos autonómicos como Interior o Educación, pero también en la parte relacionada con Economía y Hacienda.

El Gobierno quiso ayer que se supiera que está preparado para frenar el referéndum con las medidas que sean necesarias, ante la escalada radical en la que sigue instalada la Generalitat. Como ya publicó ABC, la decepción y la preocupación han ido en aumento después de las últimas reuniones de la vicepresidenta con dirigentes independentistas. El Ejecutivo no ha visto ni un solo gesto, por pequeño que sea, que permita pensar que puede producirse un cambio para enderezar la situación y volver a la legalidad. Al contrario, todos los mensajes recibidos han ido en la dirección contraria.

Pese a esta frustración, la «operación diálogo» puesta en marcha por el Gobierno continúa, aunque en La Moncloa reconocen que esperan una respuesta «razonable» por parte de los secesionistas. La reunión prevista entre Rajoy y Puigdemont se ha retrasado más de lo previsto, debido en parte a la ausencia en la Conferencia de presidentes, pero también a su creciente radicalidad.

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