El Gobierno garantizará el castellano como vehicular en la escuela catalana
El ministro de Educación explicó que se está estudiando «cómo hacerlo» para cumplir la ley, las sentencias y respetar el derecho de los padres
Ciento doce días después de aprobarse las medidas excepcionales para intervenir la Generalitat de Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Rajoy confirmó que está estudiando la forma de garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana. Se cumpliría así la Lomce, la ley educativa catalana y las sentencias de los tribunales, pero los independentistas se llevaron las manos a la cabeza y encontraron un motivo importante para acelerar, por fin, la formación de un Gobierno autonómico dentro del marco legal, que desactive el 155.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , asumió la gestión de la Consejería catalana al entrar en vigor las medidas del 155. Hasta ahora se había limitado, como el resto de los ministros, a una función meramente administrativa y aséptica. Pero ayer dio un paso que hizo reaccionar a los separatistas en bloque, al atreverse a tocar la política lingüística catalana en las aulas, uno de los pilares del sistema político nacionalista.
En realidad, la intención el Gobierno de Rajoy es garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua con la que quieren escolarizar a sus hijos , como explicó ayer Méndez de Vigo. Lo que no tiene claro aún el Ejecutivo es cómo hacerlo. «Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehícular de sus hijos», defendió el ministro.
En las próximas semanas se llevará a cabo el proceso de admisión de alumnos que se incorporan por primera vez al sistema educativo, los que cambian de centro y los alumnos con traslado. Se trata de un proceso lleva a cabo cada año la Consejería de Educación, ahora bajo la batuta del ministro. El Ministerio recurrió en las tres últimas ocasiones esa resolución de preinscripción, al entender que no garantizaba el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. La casilla que en las hojas de preinscripción debería permitir a los padres escoger la lengua de la primera enseñanza, entre los tres y los seis años, no existe.
Cuestión «técnica»
Es una cuestión «técnica», según el ministro, para determinar cómo debe ser el formulario. Ahora, lo que está estudiando el Gobierno es cómo presenta esa resolución este año, para adecuarla a lo que dicen los tribunales, la ley catalana y la Lomce . Es decir, el ministro «busca la fórmula que mejor combine el derecho de los padres con el sistema educativo» catalán. Méndez de Vigo negó que se trate de un cambio del modelo educativo, algo que solo puede hacerse con una modificación de la ley, y esta únicamente puede tener lugar en el Parlamento catalán. «Ningún Gobierno puede modificar una ley de un Parlamento autonómico», remarcó.
El ministro no se pronunció sobre ninguna fórmula en concreto, pero insistió en que si el Gobierno ha recurrido las resoluciones de los tres últimos años, «lo coherente» es que, de acuerdo con esos recursos, Educación modifique ahora que puede la preinscripción para garantizar que los padres puedan «elegir la lengua vehicular de sus hijos, y que se haga de forma no individualizada, sino colectiva». En ese sentido negó que esté decidido que sea con una marca en una casilla para elegir la preferencia de cada alumno.
Con la ley catalana actual, dijo, hay «espacio» suficiente para que, en línea con las sentencias de los tribunales, se dé opción a un mínimo del 25 por ciento de clases en castellano tras la etapa infantil. Es el porcentaje a partir del cual se considera que el derecho de los padres a elegir la lengua en las escuelas está ya protegido.
El titular de Educación descartó que la intención de esta medida sea presionar a los independentistas para desbloquear la situación política en Cataluña, y negó que se trate de un «globo sonda». «Es una resolución que se toma en tiempo y forma cuando hay que tomarla», zanjó.
En el Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno de Rajoy envió un guiño a los funcionarios catalanes, al aprobar la devolución del 20 por ciento de la paga extra suprimida en 2012. El Parlamento catalán tendrá que convalidar el pago.
Efecto conseguido
Aunque el ministro negó que las medidas en favor del castellano sean para presionar a los soberanistas, lo cierto es que ese fue precisamente, y de manera rotunda, el efecto conseguido. Desde el Parlament, el diputado de ERC Bernat Solé lo dejó claro cuando fue preguntado por las negociaciones para formar gobierno y las intenciones del Gobierno: « Nuestro calendario ahora es el de la preinscripción escolar ». La consigna entre el soberanismo es clara, hay que formar Govern cuanto antes para evitar que el 155 comience a ser algo más que un vehículo neutro para gestionar la administración, como advierten que puede pasar en las escuelas.
Todos los elementos se conjugan en este sentido para meter más presión sobre el fugado Carles Puigdemont, la figura que ahora mismo impide la «imprescindible» formación de un ejecutivo, tal y como reclamaba ayer Neus Munté, presidenta del PDECat. Munté, que abandonó el Govern antes del referéndum ilegal del 1-O, sumaba así su voz a la de la líder del partido Marta Pascal, que se ha alineado de manera clara con quienes reclaman a Puigdemont un paso al lado.
Ayer mismo, precisamente, el expresidente reunió en su casa en Waterloo (Bélgica) a los cuatro consejeros fugados y a sus abogados en un encuentro que desde JpC se aseguró que fue para trazar su línea de defensa jurídica. La presión en cualquier caso cada vez es más grande, y las especulaciones sobre una renuncia se suceden. En el PDECat lo ven como inevitable, aunque aún hay un par de semanas de margen, apuntan.
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