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El Gobierno cree que el artículo 155 empieza a revertir la quiebra de Cataluña

El Ejecutivo ha convocado 2.000 plazas para profesores, ha concedido 107,7 millones en subvenciones en Educación y ha incluido 455 plazas en la oferta de empleo público de los Mossos

Rajoy preside el Consejo de Ministros IGNACIO GIL
Mariano Calleja

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Casi cinco meses después de activarse las medidas excepcionales del 155 en Cataluña , los independentistas corren el riesgo de que nadie les eche de menos en la Administración pública autonómica. «Funciona con total normalidad, los servicios públicos se han garantizado, no se ha producido el drama que algunos auguraban», presumen en La Moncloa. En los planes del Gobierno de Rajoy no entraba una intervención tan prolongada, pero ya no depende de la voluntad del presidente, sino exclusivamente de la «incapacidad» de los separatistas para salir del bloqueo en el que se han metido ellos solos. En cuanto haya un presidente de la Generalitat y forme Gobierno, el 155 quedará desactivado de forma automática. Mientras llega ese momento, la maquinaria de la Administración catalana sigue en marcha y deja cada vez más atrás el desafío al Estado de Derecho.

El Gobierno de Rajoy hará un balance satisfactorio del 155 este jueves en el Senado . Lo considera un «éxito», tanto por las medidas adoptadas como por la naturalidad con que se han recibido a los enviados especiales de La Moncloa en el día a día de la gestión autonómica catalana. El Gobierno evitó desde el primer minuto entrar «como un elefante en una chatarrería», y quiso guiarse por la máxima prudencia. De hecho, la «presidenta en funciones» de la Generalitat, que es Soraya Sáenz de Santamaría por delegación del presidente Rajoy, ha evitado pisar siquiera la sede del Gobierno autonómico o las consejerías. Los ministros han asumido la gestión de cada departamento, pero siempre a distancia. Y el presidente del Gobierno sigue sin tener en la agenda un acto oficial en Cataluña. En su lugar, el delegado del Gobierno, Enric Millo , ha asumido la labor de máximo representante de La Moncloa, e incluso comparece cada viernes para explicar el contenido de los Consejos de Ministros extraordinarios, dedicados a Cataluña. Junto a Millo, Roberto Bermúdez de Castro y Enrique Lasso , en el equipo de la vicepresidenta, se ocupan de la coordinación diaria.

Cataluña sufría un fuga masiva de empresas en octubre . Ya no era el motor económico de España, y el turismo se vino abajo. Ahora, en La Moncloa creen que se «está empezando a revertir la quiebra económica y se ha devuelto la confianza a empresas e inversores». Es una de las conclusiones principales, con las que el Gobierno sacará pecho esta semana en el Senado. Destacará el apoyo de los empresarios a la aplicación del 155, y para muestra tiene apuntados estos dos comentarios: «Lo que queremos es normalidad y se ha producido gracias a la aplicación del 155» y «Todo el apoyo a las medidas que adopte el Senado para restituir las instituciones catalanas». El primero corresponde a José Lusi Bonet , presidente de las Cámaras de Comercio y de Freixenet, y el segundo es un tuit de Empresaris de Catalunya.

El 155, que no está siendo tan «exprés» como se presumía en un principio y se va acercando al medio año de aplicación, ha permitido, según el Gobierno, restablecer el orden constitucional y estatutario vulnerado por los golpistas. «Ha reforzado el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución, y ha demostrado la madurez democrática de la sociedad española y catalana», subraya La Moncloa en el balance que llevará al Senado. «Se ha recuperado la neutralidad institucional y se ha puesto la Generalitat al servicio de todos los catalanes».

Ha servido, sobre todo, para evitar que la Administración pública esté al servicio del golpe a la democracia. Así, desde el Gobierno de la Nación se destaca que se ha detenido el desvío de dinero público para la independencia. El objetivo se ha cumplido con la disolución de los entes, consejos y organismos que formaban parte del entramado por la independencia , y con la extinción de las «embajadas» de la Generalitat en el exterior, salvo la Oficina de Bruselas, que tenían un gasto anual de 10 millones de euros.

Cuando el Gobierno se hizo cargo de la Generalitat, tras la destitución de Puigdemont y sus consejeros, se encontró con una Administración «paralizada», en la que incluso estaba desatendida la tramitación de contratos de servicios básicos como limpieza, vigilancia, seguridad o traducción. «Había subvenciones pendientes de pago desde hace cuatro años, bloqueo de convenios y de ayudas», explica La Moncloa.

Para exhibir la «normalidad» del 155, el Gobierno destaca decisiones como la de convocar 2.000 plazas para maestros y profesores , después de siete años sin ninguna convocatoria de acceso a la función pública docente de Cataluña. También la renovación de los conciertos educativos de las etapas de Infantil y de Secundaria, o la concesión de subvenciones en Educación por un total de 107,7 millones . En materia de seguridad, se ha modificado la oferta parcial de empleo público de los Mossos para 2017, para incluir 455 plazas de nuevo ingreso , como ya informó ABC.

El Gobierno presume también de abonar 1.100 millones de euros entre septiembre y diciembre a ayuntamientos y diputaciones, frente «al histórico retraso que tenían estos municipios para cobrar de la Generalitat». Entre las últimas medidas, destaca la aprobación del Decreto para devolver el 20 por ciento de la paga extra suprimida en 2012 a los funcionarios catalanes.

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