El Gobierno asume su soledad frente al independentismo

La opinión generalizada que el Gobierno tiene del TC es que no está en su naturaleza ir más allá del cómodo contexto de la finura jurídica ; y aunque considera que sus sentencias son acertadas y de doctrina sólida, y aprecian que han hecho el esfuerzo de tomarlas por unanimidad, son plenamente conscientes de que no les hará el trabajo sucio en Cataluña.

El presidente Rajoy y sus ministros tienen claro que al TC le gustó muy poco la polémica reforma con que le otorgaron los poderes ejecutivos: «en este país, nadie salvo el Gobierno quieren ir los primeros», señala una de las personas de la mayor confianza del presidente. Y sobre el apoyo que el Ejecutivo espera recibir de la oposición sonríe al ser tajante respondiendo que «ninguno. El PSOE hace tiempo que ni sabe dónde está ni sabe dónde va. Sólo hace falta ver lo que ha dicho de la Guardia Civil en El Prat ».

«Tendremos que ser nosotros los que afrontemos el problema, tomando medidas de excepción que ni serán fáciles ni está claro que puedan evitar la confrontación», señala esta misma fuente, que asegura que el 1 de octubre no habrá ningún referendo en Cataluña.

Y aunque preocupan los últimos nombramientos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , en la Consejería de Interior y al frente de los Mossos d’Esquadra , a nadie en el Gobierno le cabe en la cabeza que un funcionario arriesgue su vida profesional y se exponga a severísimas consecuencias personales por algo que -según consideran las fuentes consultadas- ni se va a producir ni va a conducir absolutamente a ninguna parte. El Gobierno entiende que lo más grave del llamado proceso independentista es precisamente «poner a tantos y tantos funcionarios en la tesitura de cometer delitos por la locura de unos pocos».

Por todo ello, y en contra de lo manifestado por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el Gobierno no descarta tomar medidas de excepción para asegurarse de que el referendo no se celebra, unas medidas que pueden perfectamente incluir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno para «adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general». El Gobierno entiende que todos los artículos son igual de constitucionales y que tiene plena legitimidad para aplicar los que en cada momento más adecuados considere para hacer cumplir la ley. «Que seamos prudentes y que nuestra característica sea la proporcionalidad no significa que estemos acomplejados ni que vayamos a actuar de manera vergonzante».

Rajoy y sus colaboradores entienden que lo más probablemente es que el 1 de octubre se vivan escenas de tensión entre los que insistan en realizar el referendo ilegal y las fuerzas de orden y seguridad que lo impidan, pero cree que «es un farol» que la Generalitat tenga las urnas compradas -a través, por ejemplo, de un empresario que las hubiera pagado- y almacenadas en algún lugar secreto. Su mayor preocupación en este sentido son las urnas que quedan en varios ayuntamientos y que no se pasaron a recoger tras las últimas convocatorias electorales, urnas propiedad del Estado, que sería un despropósito -que en nada ayudaría a la imagen del Estado- que se pudieran utilizar para la celebración de un referendo ilegal.

Con la misma determinación con que el Gobierno asegura que impedirá esta consulta señala también que a partir del 2 de octubre habrá que buscar una salida que devuelva la armonía a las relaciones entre la Generalitat y el Estado y que sin romper en ningún caso la igualdad entre españoles, habrá que revisar el «café para todos» , porque seguramente no refleja la realidad. Una de las frases que más se usa en el Gobierno para referirse a esta situación es que «evidentemente, Cataluña no es La Rioja. Tendremos que echarle imaginación».