El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras - INÉS BAUCELLS

La Generalitat intentó blindar a sus políticos frente al Estado

El Govern contrató un seguro legal de 261.250 euros con una cobertura ampliada

BarcelonaActualizado:

Oriol Junqueras intentó blindar a funcionarios, altos cargos y políticos al servicio de la Generalitat de Cataluña en previsión del envite político independentista. En abril de este año, la Consejería de Economía y Hacienda adjudicó un contrato de servicios de seguro de responsabilidad civil a SegurCaixa Adeslas por valor de 261.250 euros al año para proteger a los trabajadores y cargos electos autonómicos «en el ejercicio de sus cargos electos».

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Este tipo de seguros son habituales en las administraciones públicas, pero el firmado el 7 de abril de 2017 por Josep Maria Sànchez i Pascual, director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat, dependiente de Economía y Hacienda en manos de Junqueras, también vicepresidente autonómico, incluye distintos puntos que son poco habituales en este tipo de pólizas, según fuentes de las compañías de seguros. Por ejemplo, lo más paradigmático en este caso, es que, según consta en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación, se incluye entre los asegurados a los «cónyuges legales de cualquier asegurado» si afecta a su régimen de bienes.

Con este seguro, la Generalitat básicamente quiere cubrir cualquier coste jurídico o fianza que, en fase judicial, tenga que asumir alguno de los funcionarios, altos cargos o políticos -como los consejeros-. Pero las empresas de seguros son especialistas en la letra pequeña y así lo están poniendo de manifiesto en las últimas semanas, advirtiendo a la Generalitat y a los alcaldes independentistas de que los procesos judiciales abiertos -o en previsión de iniciarse- en el marco del proceso secesionista no están cubiertos por las pólizas, ya que son como consecuencia de «riesgos excluidos», como el dolo, ya que los afectados eran conscientes de que estaban saltándose las leyes y las sentencias de los tribunales.

El caso más significativo lo está viviendo Artur Mas, quien ha visto como SegurCaixa Adeslas rechazaba su petición de cubrir la fianza de más de cinco millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por el coste de la consulta del 9-N de 2014. Pero también algunos alcaldes, investigados por la Fiscalía, que según ha sabido ABC están consultando -a través de sus corredores- si el coste de los abogados en este tema entra en las pólizas municipales.

Pintan bastos para todos ellos. Las compañías de seguros excluyen de los «riesgos cubiertos» el dolo o el beneficio personal en forma de que los inmersos en juicios tendrán que asumir el coste del mismo ya que, aun en la responsabilidad de su cargo, firmaron o actuaron de forma antijurídica o fraudulenta deliberadamente sabiendo que era ilícito.

También en el Parlament

Ayer se supo que también SegurCaixa Adeslas daba por resuelto el seguro de responsabilidad civil del Parlamento de Cataluña que cubría a los diputados autonómicos. La empresa envió a la cámara catalana una nota en la que informaba de la finalización del contrato unilateralmente «como consecuencia de la gravísiva agravación del riesgo producida por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña», sobre todo por la suspensión del TC de la llamada ley de transitoriedad que la Generalitat quiere poner en marcha, pese a que es ilegal.

Por otro lado, fuentes de la Consejería de Interior confirmaron a este diario que el equipo jurídico que se encarga de la defensa del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el caso que se instruye en la Audiencia Nacional es del organigrama de la Generalitat. En este caso, los abogados de Trapero están capitaneados por Josep Lluís Florensa i Labazuy, responsable del área de Asuntos Penales de la Generalitat, y Maria Paz Martí González, jefa del Servicio Jurídico de la Generalitat.