La Generalitat diseña en la sombra su «república»

Superado el estilo de política pirotécnica del tripartito, o de la primera fase del proceso soberanista, el ejecutivo de Carles Puigdemont, y ERC en particular, presumían de ser tan inequívocamente independentistas como discretos . «Hacer, y no decir», resumían cuando se inquiría sobre la concreción de lo que se ha bautizado como «estructuras de Estado», es decir, todos los organismos, planes de contingencia y estrategias para que Cataluña, en caso de secesión, funcionase como Estado desde el minuto cero.

En contraste con los muy publicitados trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional -que elaboró un «Libro blanco» de la independencia a modo de manual de instrucciones para la secesión-, la encargada de coordinar la puesta en práctica de lo que se recogia en el citado libro es la muy discreta Oficina de Estudios para el Autogobierno -también presidida por el exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer-. Dicha oficina es la encargada de coordinar y tutelar los planes sectoriales que cada consejería de la Generalitat debe tener preparados.

Como ya se ha explicado, toda la arquitectura de la desconexión reposa sobre la llamada ley de Transitoriedad jurídica , ya redactada pero guardada bajo siete llaves. Es el texto sobre el que la Generalitat pretende amparar legalmente el referéndum, además de regular el paso de la legalidad vigente a la de la pretendida república, aspectos como la nacionalidad, el sistema instucional... conformándose dicha ley como una suerte de constitución avanzada al «proceso constituyente» que la hoja de ruta prevé para después del referéndum.

Las otros dos textos que conforman las leyes de desconexión atañen a la Seguridad Social y a la Hacienda catalana , esta en el punto de mira después de que Vidal asegurase que se elabora a partir de métodos ilegales una base de datos fiscal.

Ayer, el vicepresiente Oriol Junqueras reconocía que el gobierno catalán preparara dicha base con objeto, en un momento dado, de poder asumir la recaudación de «impuestos masivos» , se entiende que IRPF o IVA, ahora en manos del Estado. Junqueras precisó que dicha base de datos se elabora a partir de fuentes legales.