España

La Fiscalía pide al juez que ordene a los Mossos retirar los carteles pro referéndum

El Ministerio Público se querella contra los alcaldes que lideran las asociaciones de regidores partidarios de la independencia

Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern de la Generalitat, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Jordi Gaseni, vicepresidente primero de la AMI
Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern de la Generalitat, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Jordi Gaseni, vicepresidente primero de la AMI - EFE

Nueva querella contra los organizadores del referéndum ilegal. La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este jueves una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Miquel Buch, por promover con sus acciones el referéndum independentista ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional. La justicia continúa bloqueando todos los pasos de la hoja de ruta secesionista.

Para evitar males inmediatos, la Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Cataluña que pida a los alcaldes catalanes impedir cualquier acto preparatorio del referéndum, incluso para promover la participación. El Ministerio Público solicita que se pida a los alcaldes que ordenen «la prohibición de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participación o a favor del SI, debiendo retirar en su caso los carteles que ya se hayan colocado». Esta noche comienza la campaña de los promotores.

La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el carácter de aforada de Lloveras, atribuye a los dos los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación. Según la tesis del Ministerio Público, la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, y el alcalde de Premià de Mar, ambos municipios de Barcelona, han participado en la organización del referéndum ilegal, a sabiendas de que su celebración ha sido suspendida por el Constitucional. Lloveras y Buch, como presidentes de la AMI y la AMC, pidieron a los alcaldes catalanes que cedan locales municipales para facilitar la votación.

Con la misma intención, los dos querellados enviaron un correo electrónico a todos los alcaldes catalanes para informarles de que este jueves, a las 24 horas, comienza la campaña electoral de cara al 1 de octubre, comunicándoles que desde sus asociaciones han elaborado dos tipos de carteles para fomentar la participación y promover la opción independentista, documentos que les harán llegar a los consejos comarcales para que cada ayuntamiento los recoja y los pegue a partir del jueves a las 24 en sus lugares.

«Con estas conductas los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus respectivas asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y su firme e inequívoca intención de utilizar las plataformas de AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes de Cataluña a fin de que promuevan la organización y celebración de un referéndum a todas luces inconstitucional, dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva». Así argumenta la Fiscalía su acción contra los dos alcaldes, ambos de la coalición independentista de Junts pel Sí. Lloveras es diputada autonómica en el Parlamento catalán.

Entre las medidas cautelares, la Fiscalía también solicita que se interrumpa el servicio de las páginas web de las dos asociaciones que aglutinan a los ayuntamientos catalanes independentistas, incluso aunque sus servidores se hayan trasladado al extranjero. El Ministerio Público también pide al TSJC que fije una fianza para asegurar la posible responsabilidad civil de Lloveras y Buch, y que se dirija a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil que retiren los carteles que fomenten la participación o a favor del SI.

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