La Fiscalía se opone a que el Supremo asuma la investigación contra Puigdemont y los exconsejeros

En la investigación en la Audiencia Nacional, dirigida por la juez Carmen Lamela , están imputados por rebelión, o sedición, y malversación Puigdemont y todo su antiguo equipo de gobierno en la Generalitat. La magistrada les acusa de empujar hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Puigdemont y cuatro consejeros cesados permanecen h uidos de la justicia en Bélgica y ocho exconsejeros están encarcelados para evitar que se fuguen y reiteren en los delitos. Todos ellos perdieron su aforamiento al ser cesados de sus cargos por la intervención del Gobierno de Rajoy.

Las querellas contra los veinte líderes independentistas se presentaron ante ambos tribunales. La acción contra Forcadell y los otros cinco antiguos miembros de la Mesa se presentó en el Tribunal Supremo porque ellos mantienen su aforamiento como miembros de la Diputación Permanente, el órgano que rige el Parlament en funciones hasta que haya nuevos diputados. El juez del Supremo otorgó una semana más a éstos investigados para que preparasen sus declaraciones, ante la citación judicial urgente, una petición a la que no accedió Lamela. Los exconsejeros han denunciado esta disparidad ante la misma situación.

La juez Lamela ha defendido su competencia para investigar al Govern al argumentar que la rebelión es un atentado contra la forma de Gobierno , un delito que le corresponde a la Audiencia Nacional. La magistrada, que también investiga al antiguo mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , y a los líderes del independentismo en la calle, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart , reconoció aún así que todos los investigados se ubican en una misma estrategia planificada en diversos planos para lograr la independencia por vías ilegales.

La justicia acusa a los líderes independentistas de desarrollar un plan ilegal para declarar la independencia de Cataluña. El Parlament votó el pasado 27 de octubre una declaración unilateral de independencia, amparada en unas leyes creadas por la cámara regional para barnizar de legalidad sus planes. El Tribunal Constitucional suspendió todas las normas encaminadas a este fin y avisó a los gobernantes de que debían dejar de impulsar cualquier iniciativa para celebrar el referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña.