Vídeo: La Fiscalía pide prisión incondicional para Trapero - ATLAS

Trapero queda libre pero no podrá salir de España

Todavía queda la declaración de los líderes de ANC y Òmnium Cultural

MadridActualizado:

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, esquivará la prisión, pero verá limitada su libertad. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le prohíbe salir de España, y le obliga a entregar el pasaporte y a comparecer en el juzgado cada quince días. La magistrada le advierte de que su situación podría variar si incumple alguna de estas medidas.

La magistrada considera suficientes estas medidas para garantizar la disponibilidad de Trapero ante la justicia, y descarta que exista riesgo de que el mayor vuelva a cometer sedición, aunque admite que la investigación podrá ampliarse.

En el auto, Lamela explica que la investigación actual se limita por ahora a lo sucedido el 20 y 21 de septiembre, cuando una masa de independentistas acosó a la Guardia Civil para entorpecer su labor investigadora contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. «No se conoce otra clase de actividad anterior o posterior», dice la juez.

El mayor de los Mossos estaría vinculado a la estrategia del independentismo, reconoce la magistrada, según el documento incautado en el domicilio del número dos de Oriol Junqueras.

Trapero declaró durante una hora y media, cuestionado por la Fiscalía, quien le acusa de no haber tomado medidas para evitar el asedio a los agentes. El mayor se escudó en que abrieron los pasillos para los arrestados y para la salida de la comisión judicial, pero que no fueron utilizados «en los momentos previstos». También justifica la pasividad de la Policía autonómica contra los concentrados porque «ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas».

Antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rectificó sobre la marcha, por el curso de los acontecimientos, y pidió prisión incondicional para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la pasividad de la policía autonómica.

El interrogatorio de la Fiscalía de la Audiencia, representada por Miguel Ángel Carballo, ha sido muy duro con Trapero y con la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, contra quien ha solicitado prisión eludible bajo una fianza de 40.000 euros, rechazada por la magistrada al finalizar su interrogatorio. Laplana, quien ha declarado por videoconferencia durante una hora y media, deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que comparecer cada quince días en el juzgado, ha acordado la magistrada.

Piden prisión para Sánchez y Cuixart

El testimonio de la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha sido muy duro con el comportamiento de los investigados, con descripciones muy gráficas de lo sucedido, según han informado a ABC fuentes jurídicas presentes en los interrogarorios. Los dos guardias civiles que también han testificado este lunes han cargado, con más frialdad, contra el líder de ANC, Jordi Sánchez. Para él y para Jordi Cuixart, presidente de Ómnium, la Fiscalía pide prisión sin condiciones. Por ello, será la juez Lamela quien resuelva su futuro.

Estas comparecencias han coincidido con el vencimiento del plazo que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia durante su intervención en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre. La respuesta del «president», de la que dependía la articulación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo de Rajoy, no ha convencido en Moncloa. Se ha puesto en marcha el segundo plaza dado para que Puigdemont rectifique y vuelva a la legalidad.

La Guardia Civil, en un informe, extendió las sospechas contra los Mossos y los líderes independentistas desde el 20 de septiembre, cuando tuvo lugar el asedio, hasta el 1 de octubre, el día del referéndum ilegal. Los investigadores consideran que los policías autonómicos permitieron que la votación ilegal se celebrase sin ningún obstáculo, a pesar de la orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pidió que se impidiese. Los investigados están imputados por sedición, un delito que castiga a los que se alcen tumultuariamente para impedir por la fuerza la labor de los agentes judiciales o policiales.

La competencia de la Audiencia Nacional se justificaría, según la juez, porque el objetivo de esos actos era empujar hacia la independencia unilateral: es decir, alterar la formad de Gobierno por las vías ilegales.