El expolio del Palau tendrá hoy sentencia, ocho años después

Habrán transcurrido trescientos veinte días desde el inicio del juicio y ocho años, cinco meses y veinte días desde que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música. Aquel 23 de julio de 2009, la policía autonómica, bajo orden judicial, registró una de las instituciones catalanas de mayor prestigio en busca de pruebas que corroboraran la investigación de la Fiscalía, que apuntaba al desvío de fondos de la fundación del Palau.

Inicialmente, la investigación cifró en algo más de dos millones de euros el dinero desviado irregularmente. Al final de la instrucción, la Fiscalía elevó la cifra a entre los 22 y los 28 millones de euros . Los acusados están en el banquillo por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y delito societario de administración desleal.

El terremoto que supuso ver a los agentes de los Mossos entrando en el Palau se multiplicó cuando se supo que CDC figuraba, en opinión de la Fiscalía, como beneficiada de la trama creada por Fèlix Millet y Jordi Montull, gestores máximos de la institución y rápidamente saqueadores confesos.

La trama creada por Millet y Montull, en la que habrían participado Gemma Montull (directora financiera) y Rosa Garicano (directora general), incluiría a los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Carles Torrent (este último fallecido en 2005), quienes habrían sido los encargados de recibir el dinero que la empresa Ferrovial donaba al Palau pero destinado al partido, que gracias a que estaba en la Generalitat habría otorgado contratos a cambio de comisiones.

Según la Fiscalía, 6,6 millones de euros salieron del Palau con destino a CDC en menos de diez años. Millet se habría llevado 7 millones de euros y Montull 1,3 millones, durante el mismo tiempo. La trama investigada era de tal envergadura que la Fiscalía no pudo fiscalizar el destino de 9,6 millones de euros.

El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled , aseguró en su informe final que el Palau «era la cañería por la que transitaba el dinero» que Ferrovial, supuestamente, pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. También afirmó que en la trama había un círculo sociopolítico con una dinámica complaciente en el que «parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera».

Debido al caso, CDC tiene desde 2015 embargadas sus sedes , en previsión de la sentencia. En este periodo, CDC se ha transformado en el PDECat y hace solo unos días Artur Mas, exlíder de ambos, anunciaba que dejaba su presidencia . Se entendió, entre otras razones, como un anticipo de la sentencia del caso Palau.