La estrategia del abogado de Puigdemont: que Bélgica «juzgue» a la justicia española

En la primera audiencia formal sobre el fondo del asunto, sin embargo, ya ha empezado a funcionar la estrategia del abogado del expresidente de la Generalitat, que se las ha arreglado para que el juez aplace la continuación del proceso hasta el 4 de diciembre .

Eso significa que salvo que el dirigente independentista decidiera que se quiere someter a la orden de entrega voluntariamente, es prácticamente seguro que no será enviado a España antes de de las elecciones del 21 de diciembre y que, por tanto, pasará la campaña electoral en Bélgica.

A partir de ahora, los abogados de Puigdemont tendrán ocasión de intercambiar aclaraciones por escrito, pero será el 4 de diciembre cuando podrán exponer sus alegatos , que por lo que se sabe se basarán en la idea de que España es un país de democracia limitada, donde no se respetarían sus derechos fundamentales .

El jefe de su defensa, Paul Bekaert, es un experto en este tipo de estrategias. Falta saber si esta vez la artimaña le volverá a funcionar en un caso tan evidente y tan palmario. Porque lo que este antiguo defensor de terroristas de ETA quiere es que en lugar de un juicio a Carles Puigdemont todo se convierta en un proceso general a la justicia española . Por ello es más que razonable esperar que habrá recursos, demoras y que el asunto se tomará su tiempo. En todo caso, después de este primer aplazamiento, es evidente que Puigdemont no estará en España antes de las elecciones del 21 de diciembre.

Puigdemont lleva ya tres semanas en Bruselas y permanece cuidadosamente escondido . Huye como la peste de la prensa española, salvo de los medios catalanes afines al «procés», porque es consciente de que no le serviría de nada su obsesión de acusar a los jueces y al Gobierno de no respetar las reglas democráticas. Pero los medios extranjeros que en los primeros tiempos sentían cierta curiosidad hacia su figura han empezado también a aburrirse de un personaje que parece vivir en un mundo aparte, sin conexión con la realidad.

El jueves por la noche se dejó ver -a través de las redes sociales- cenando en Lovaina en casa de un diputado regional flamenco, independentista, que es el único entorno en el que se siente cómodo e incluso admirado. Pero para el Gobierno belga hace tiempo que se ha convertido en un huésped muy incómodo, como demuestra que fuera el primer ministro Charles Michel quien pidiera ayer una reunión con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, para tratar de minimizar daños, porque España no es un país al que Bélgica pueda ignorar.

En todo caso, en la primera audiencia de este viernes, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos a Bélgica -Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín- se mostraron «muy serenos» según explicó uno de sus abogados. Llegaron al fastuoso edificio del Palacio de Justicia en un furgón policial para no ser vistos ni oídos por los periodistas y, de hecho, que el proceso tenga lugar a puerta cerrada se está llevando a rajatabla. Ni a la entrada ni a la salida nadie pudo verles o intuirles a través de los cristales del vehículo.

Puesto que el juez -de lengua flamenca por elección del equipo de Puigdemont- fue nombrado por sorteo poco antes del inicio de esta primera vista, también parece realista pensar que haya preferido aplazar el asunto, para tener tiempo de hacerse con las sutilezas de un proceso que de todos modos no podía ignorar puesto que lleva días en la primera plana de los diarios y televisiones belgas.

Ayer nada más habló el fiscal, que empezó diciendo que considera pertinente que se aplique la orden europea de detención y entrega en el caso de Puigdemont, con la única salvedad de que no contempla una equivalencia belga para el delito de prevaricación. Es uno de los cargos que figuran en la solicitud de la Audiencia Nacional, según explicó Christophe Marchand, uno de los abogados del equipo de defensa de Puigdemont. «La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español».

El fiscal belga dice que España tiene derecho a pedir que se le entregue Puigdemont por rebelión y malversación que son delitos que tienen un paralelismo claro en el ordenamiento jurídico belga en lo que aquí se llama «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».

Sin embargo, la Fiscalía no quiso confirmar ni desmentir nada y después de convocar a los numerosísimos periodistas que se habían concentrado allí para una rueda de prensa, sus representantes se limitaron a leer en cuatro lenguas -español incluido- un comunicado en el que proclamaban que no tienen nada que decir.

«Visto que la ley prevé que la audiencia de la Cámara del Consejo tiene lugar a puerta cerrada y en el interés del desarrollo sereno de los debates en la fecha de 4 de diciembre de 2017 y para no hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente, la fiscalía no dará n inguna explicación ni comentario sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia».