En 2017 se produjeron seis condenas contra España por Derechos Humanos
En 2017 se produjeron seis condenas contra España por Derechos Humanos - ABC

Estrasburgo: las condenas más importantes contra España en materia de Derechos Humanos

En 2018 se han producido ya varias sentencias. El año pasado fueron seis de más de 1.000 en toda Europa. Rusia acumuló 350

MADRIDActualizado:

Desde el honor de la cantante Paulina Rubio a la inhabilitación del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, pasando por las agresiones a los etarras responsables del atentado en la T-4 o la expulsión de dos inmigrantes ilegales que saltaron la valla de Melilla. Los casos juzgados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) son muchos y de lo más variados. De hecho, a lo largo del año pasado dictó 1.068 sentencias, un 8 % más que el año anterior.

De todas ellas, seis correspondieron a casos españoles, según informó en enero su presidente, el italiano Guido Raimondi. La mayoría tenían que ver con los derechos a un juicio justo y a la vida privada y familiar. En cinco de ellos, los jueces consideraron que España había cometido al menos una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En tan solo uno —la extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante— el tribunal confirmó que la justicia española no había infringido el convenio.

Cuatro casos en 2018

En lo que llevamos de 2018, Estrasburgo ha condenado a España en varios casos. El último se ha conocido este martes, después de que el TEDH haya acusado a la Justicia de este país por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Gerona una foto de los Reyes, en 2007. «Este hecho constituyó una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido», ha dictaminado el tribunal de derechos humanos, que ha condenado a España a indemnizar a los demandantes con los 2.700 euros de multa que se les impuso entonces, además de otros 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios.

Poco antes, Estrasburgo condenaba por segunda vez a este país por no proteger a sus ciudadanos contra los ruidos nocturnos provocados por los bares y discotecas. Ha fallado a favor de un ciudadano de Valencia de 87 años que lleva décadas intentando que las autoridades locales cumplan las leyes en lo referente al «nivel acústico saturado» de la zona de San José. El denunciante, Miguel Cuenca Zarzoso, será indemnizado con más de 13.000 euros por considerar que se ha violado su derecho a la vida privada y familiar.

Llama la atención también la condena que ha recibido España por no proteger la privacidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron despedidas tras ser grabadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban productos. Recibirán 4.000 euros por daños morales y entre 500 y 600 euros por gastos y costas.

En enero falló también a favor de los dos miembros de ETA que, en 2006, hicieron explotar una furgoneta bomba en la Terminal 4 de Barajas. El atentado causó la muerte de dos personas, hirió a una veintena y provocó importantes daños en la infraestructura del aeropuerto madrileño. El TEDH consideró probado que Igor Portu Juanena «Pantani» y Mattin Sarasola Yarzabal «Luzia» sufrieron tratos inhumanos y degradantes tras su arresto por la Guardia Civil en 2008. Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a estos dos terroristas con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

305 casos en Rusia

Los seis casos de España en 2017 representan tan sólo el 0,7% de los que Estrasburgo juzgó en todo el continente. Si tenemos en cuenta que el Consejo de Europa, del que depende este Tribunal, tiene 47 Estados miembros, lo cierto es que nos encontramos muy lejos de los países para los que se pronunciaron más dictámenes. A la cabeza se sitúa, con mucha diferencia, Rusia, con 305 sentencias. Le siguen Turquía (116), Ucrania (87) y Rumanía (69). El mayor número de violaciones fueron sobre el derecho a un juicio justo (28,03% del total), la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos (18,29%) y el derecho a la libertad y a la seguridad (14,51%).

No hay que olvidar que, en 2017, la Gran Sala archivó más de 12.000 casos contra Ucrania relativos a la no ejecución de decisiones judiciales. Esto permitió que se dispararan las estadísticas de las tramitaciones, con el consiguiente riesgo de colapso. Algo parecido ocurrió con los más de 26.000 demandas que no se admitieron a trámite contra Turquía, en relación a las medidas tomadas por el Gobierno tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016. La razón: los denunciantes no agotaron las instancias judiciales nacionales.

En la actualidad, la corte tiene más de 56.000 demandas pendientes, de las cuales 168 corresponden a España. Entre ellas, hay cuatro sobre los hechos acontecidos antes y después del referéndum ilegal del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.