La espera media para renovar el DNI se situó este año en 41,3 días

El Congreso acuerda pedir soluciones al colapso de las oficinas de expedición con la dotación de 1.200 vacantes

MadridActualizado:

La imagen de colapso absoluto se repite en las semanas inmediatamente previas a la llegada de las vacaciones de verano, pero la saturación de las oficinas de expedición del DNI es constante. Así lo reconoció ayer el Congreso de los Diputados al acordar solicitar al Gobierno que ponga solución a un problema que se conoce de antemano -la renovación de los carnés es cíclica, y si este año se han registrado 600.000 documentos nuevos, en 2018 serán 1,2 millones- y que sin embargo choca sistemáticamente con la falta de personal y de recursos materiales.

Según admitió el Grupo Parlamentario Socialista, la espera media a fecha de junio era de 46,3 días, por debajo de la de 2016 (51,6 días) gracias, entre otros, a que se han adoptado medidas como abrir las oficinas por las tardes y sábados por la mañana. Pero no es suficiente. El PSOE parlamentario subrayó que la saturación afecta al 70% de las dependencias donde se tramitan DNI y pasaportes y recordó que en el pasado ejercicio, el Ejecutivo ya reconoció que eran necesarias al menos 400 nuevas plazas. Asimismo, advirtió de que los recursos tecnológicos no se están utilizando adecuadamente, como lo prueba que los nuevos ordenadores se instalaron entre 2016 y 2017, pero para trabajar en línea con «impresoras y biométricos de toma de huellas» que son de 2005, lo que se traduce en errores que interrumpen la conexión y retrasan la labor de expedición.

Según el PSOE, estos fallos producen «un despilfarro que se estima en 15.000 euros diarios». Asimismo, señalaron que «tampoco se han producido avances significativos en la pasarela de pago y la implantación de los dispositivos TPV para el pago de la tasa» del Documento Nacional de Identidad, como lo prueba que estos métodos se han empleado este año para abonar 2.081 DNI y 1.314 pasaportes, cuando cada día se producen más de 30.000

Para solucionar este «colapso», el Congreso -con los votos de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP- insta al Ministerio del Interior a «cubrir de forma inmediata las más de 1.200 vacantes que acumula el personal funcionario no policial de la Dirección General de la Policía» y «destinar mayores recursos económicos para modernizar y actualizar el material informático».