Gráfico del número de detenidos e investigados por el crimen organizado
Gráfico del número de detenidos e investigados por el crimen organizado - ABC

España cerca al crimen organizado con la detención de uno de cada tres sospechosos

La cifra total, 5.356 arrestados cae desde 2012 y la oposición lo achaca a los «recortes»

MadridActualizado:

Complejo, a menudo con ramificaciones internaciones, interdependiente de otras amenazas como el terrorismo y muy especializado, el crimen organizado está encontrando en España una represión eficaz y contundente. Lo dicen las estadísticas del Ministerio del Interior, que muestran que uno de cada tres sospechosos de participación en este tipo de delitos que fue objeto de investigación en 2016 terminó detenido y que, en conjunto las Policías Nacional y autonómicas, así como Guardia Civil lograron la desarticulación total de 256 grupos, un 58% de los 444 detectados. Contra los que permanecieron activos, 163, se actuó en el 95% de los casos y solo en 25 de ellos no hubo resultados positivos.

Los datos fueron ofrecidos el pasado miércoles por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en el marco de la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que subrayó que el cruce de informaciones de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los sistemas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha certificado ya 400 conexiones entre esta delincuencia organizada -particularmente de la dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales- y el yihadismo. De ahí que se considere que, además de un riesgo para la salud, la economía, el empleo o la competitividad, el crimen constituido en estructura es más que nunca una amenaza para la seguridad en Europa y en nuestro país, que el mes próximo cumplirá dos años bajo un nivel de alerta antiterrorista de grado cuatro, solo un escalón por debajo del máximo.

Casi por definición, el crimen organizado es multiactivo y se nutre de varios negocios a la vez -robos con fuerza, estafas, trata de seres humanos... como se muestra en el gráfico que aparece junto a estas líneas. Los puntos geográficos que concentran mayor número de estos grupos, como son Madrid y Barcelona, seguidos de Alicante, Valencia Cádiz o Málaga son a su vez en aquellos en los que el nivel de delincuencia común es más alto.

Pero son las drogas, con mucho, la actividad prioritaria de las bandas: la cocaína incautada en 2016 sumó cerca de 11,5 toneladas y el hachís superó las 132,5.

Son estos tráficos especialmente significativos en España por ser la vía de entrada al continente de los alijos procedentes de Latinoamérica y, en el caso del hachís, por la situación de vecindad con Marruecos, primer productor del mundo de cannabis, según detalló José Antonio Nieto, que reveló, no obstante, que estas rutas están empezando a derivarse al norte y este de Europa para huir del «muro de contención» en que se han convertido las fuerzas de seguridad españolas.

Junto a ello, captan la atención en el balance anual de crimen organizado las cifras relativas a la prevención y lucha contra la trata y explotación sexual, de la que en 2016 fueron liberadas 591 víctimas. De ellas, 148 eran víctimas de trata procedentes de Rumanía, Nigeria y China y 443 estaban sometidas a explotación sexual, en su mayoría de nacionalidad china, rumana y española.

Plantillas por completar

A la luz de los resultados, abundaron en la comisión parlamentaria de Interior los elogios y reconocimientos a la labor de policía y guardia civil y a su historial de éxitos en la lucha contra el crimen organizado, si bien en términos cuantitativos la oposición hizo notar que las cifras de detenidos e investigados llevan cayendo cuatro años. Particularmente, en el caso de los delitos vinculados a la corrupción, en torno a los que en 2016 hubo 2.126 imputados y arrestados, un 22,4 por ciento menos que en 2014.

El portavoz socialista, Antonio Trevín, reprochó en ese sentido los «recortes» realizados por el Gobierno en seguridad y la existencia de «25.000 vacantes de Policía y Guardia Civil sin cubrir», a lo que el secretario de Estado contestó que el catálogo de personal de ambos Cuerpos jamás se ha completado, que ese es el objetivo y que ayudaría mucho la aprobación de los Presupuestos planteados por el Ejecutivo, que contienen «la mayor promoción de efectivos desde 2008».

A pesar del tamaño de las plantillas, del balance del año pasado destacan indicadores que subrayan también la rapidez con la que se actúa contra las bandas criminales. El 86% de ellas son estructuras relativamente recientes, como lo demuestra que fueron creadas hace menos de tres años, y el 57% por ciento del total fue descubierta directamente en 2016 en una fase que José Antonio Nieto denominó de «detección temprana» y que evita que «echen raíces en el sistema social, económico y político». No hay que olvidar que entre los indicadores que para Europol identifican qué es y que no es crimen organizado está su tendencia a la utilización de autoridades públicas o empresas como medio instrumental de sus negocios.

Dirigido, no ya a neutralizar estos grupos cuanto antes, sino a impedir que resurjan, está todo el sistema de incautación de efectos a los grupos, que el pasado año se tradujo en la aprehensión no solo de 16,6 millones de euros, sino también de 1.717 vehículos, 125 embarcaciones, 9 aeronaves, 261 armas, 1.554 ordenadores y 182 inmuebles. Son reflejo del inmenso botín que manejan estas estructuras, bienes muy valiosos que, en función de las correspondientes órdenes judiciales, están destinados a ser subastados para dedicar el dinero obtenido a combatir el crimen, aunque a causa de la lentitud de la justicia acaban a veces «pudriéndose» en los depósitos, según denunció Podemos.

España no solo se apodera de las piezas que están al alcance de las fuerzas de seguridad dentro de nuestras fronteras. La colaboración internacional, clave en la maquinaria contra el crimen organizado, hace posible que se localicen materiales en otros países y, a la inversa, que sean estados aliados los que requisen ilícitos aquí. Se trabaja dentro de la red ARO de la UE, -a la que España giró en 2016 85 peticiones y de la que recibió 441- y del grupo de acción financiera de Latinoamérica Gafilat, al que igualmente se solicitaron el año pasado 27 intervenciones y que a su vez requirió 15. Para reforzar la eficacia de esta cooperación, España mantiene enlaces permanentes en centros de Bogotá, EE.UU, Francia, Senegal Ghana y Portunal.