Manifestación en la plaza de Sant Jaume de Barcelona apoyando el referéndum de independencia
Manifestación en la plaza de Sant Jaume de Barcelona apoyando el referéndum de independencia - ZUMAPRESS

La Generalitat recluta empresarios para el 1-O a golpe de subvención

La Generalitat lleva años contratando y subvencionando a las empresas que trabajan para la consulta del 1-O

Madrid / BarcelonaActualizado:

Las empresas de artes gráficas y envíos postales investigadas por la Guardia Civil debido a su implicación en el reférendum ilegal presentan nexos comunes: sus propietarios son fervientes indepedentistas y reciben contratos y/o subvenciones de la Generalitat de Cataluña.

Destaca Unipost, el primer operador privado nacional de envíos postales. Encabezada por Antón Raventós Raventós, perteneciente a la familia propietaria de las bodegas Codorniú, entró en concurso voluntario de acreedores el pasado julio con una deuda de 48,6 millones de euros, lo que no le ha imposibilitado trabajar para la infraestructura del 1-O. Ya estuvo a sueldo del independentismo en la consulta del 9-N de 2014. Después de que Correos se negara a enviar la información electoral por ser un acto ilegal, la Generalitat le adjudicó a dedo 206.000 euros el 31 de octubre de 2014 para enviar propaganda. El gobierno catalán usó la tramitación de «imperiosa urgencia» para contratar a Unipost en un procedimiento negociado sin publicidad.

Después no le ha ido nada mal con la Generalitat. El 7 de agosto de 2015 fue adjudicataria del servicio postal del Govern. Se repartió más de 23 millones de euros junto a otras cuatro empresas contratadas (la Generalitat no publicó el importe exacto de cada lote). En 2016 también fue adjudicataria de los servicios postales del departamento de Presidencia a cambio de 240.000 euros. Por otro lado, Unipost también se ha llevado los contratos de envío de la tarjeta de transporte público metropolitano de los años 2015 y 2016 por un total de 677.479 euros, según publicó el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

La empresa está en manos de la familia Raventós, que forma uno de los linajes catalanes con una ascendencia de gran reconocimiento. No en vano se entiende que Codorniú -también en manos de los Raventós- podría ser la empresa española más antigua y cuyo origen se remontaría al siglo XVI.

Su vinculación familiar es tal que, ayer, desde la empresa de bodegas se vieron obligados a emitir un comunicado negando vinculación asociativa entre Unipost y Codorniú, «ni directa ni indirectamente».

«El Vallen» y el PDECat

Otra de las implicadas, El Vallent S.L. (de Valls, Barcelona), editora de varios medios de comunicación independentistas, recibe periódicas subvenciones de la Generalitat. Dentro del programa de «fomento en el ámbito de los medios de comunicación», «El Vallenc» ha recibido al menos 21 subvenciones a fondo perdido entre 2012 y 2016. El total asciende a más de 126.000 euros. La finalidad del gobierno catalán es promocionar páginas web del grupo como «eltravesser.cat», «novaconca.cat» o «elvallenc.com».

El director de «El Vallenc» es Francesc Fàbregas, acusado de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación por colaborar en la organización del 1-O al imprimir, presuntamente, papeletas por encargo de la Generalitat. Fàbregas es el padre de la teniente de alcalde de Valls, Judith Fàbregas Gaya, dirigente del PDECat y estrecha colaboradora del alcalde de la localidad, Albert Batet, también diputado en el Parlamento de Cataluña y uno de los más de 700 alcaldes independentistas citados por la Fiscalía por promover el 1-O después de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

También aparece en esta trama la empresa Marc Martí, sociedad con sede en Barcelona, Valencia y Madrid. Esta empresa estuvo vinculada en el caso Palau de la Música y solo quedó exonerada por una prescripción de 20 días del delito de falsedad documental que se le imputaba al administrador Ramon Marc Martí.

Marc Martí facturó a la Fundación del Palau de la Música de forma «mendaz», según el escrito del fiscal en su fase de instrucción, un total de 102.988,45 euros en 2006 y otros 134.401 euros en 2007.

En el caso de Indugraf Offset, su propietaria, Isabel Bosch Pi, pertenece a otra familia de raigambre en Gerona, que entre sus éxitos figura la de haber mantenido el diario «El Punt» desde 1980 hasta 2012 y en cuyas páginas escribió en los años 80 un periodista llamado Carles Puigdemont.

La empresa de Bosch Pi firmó un convenio con el departamento de Enseñanza de la Generalitat en septiembre de 2015 para impartir un ciclo formativo de grado medio de Impresión Gráfica.

Otro grupo empresarial, Artiplan, también afectado por la investigación en relación al 1-O, ha recibido subvenciones para «internacionalización», «cooperación entre empresas» y competitividad, entre ellas 8.650 euros en 2016. Esta empresa recibió mayores aportaciones en la etapa del socialista José Montilla, que le otorgó 71.196 euros en 2010 y 35.566 euros en 2008.

La Guardia Civil también ha registrado en los últimos días las dependencias de Enquadernacions Rovira y de Zukoy 5 por su posible colaboración con la Generalitat en el referéndum suspendido.

Notificaciones requisadas

La Guardia Civil requisó ayer en Unipost las tarjetas que la Generalitat pretendía enviar a los «elegidos» en el sorteo para formar parte de las mesas electorales del 1-O.

Se trata, según fuentes de la Benemérita consultadas por ABC, de las notificaciones que afectaban a los presidentes, vocales y suplentes que debían conformar las mesas el día del referéndum ilegal. Las notificaciones estaban insertadas en un sobre con un identificador de la Generalitat en su exterior.

El registó, bajo autorización del juez y a petición de la Fiscalía, se alargó durante 16 horas en la oficina de reparto que la empresa tiene en Tarrasa (Barcelona), pero también se realizó en otros centros, como el logístico en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o en Manresa (Barcelona), además de efectuar controles en distintas oficinas de reparto de la ciudad de Barcelona.

El objetivo de la Guardia Civil era impedir que las notificaciones se enviaran y para ello, tras su localización, se requisaron y trasladaron a sede judicial, bajo custodia del juez instructor de Tarrasa, para su comprobación con el fin de «esclarecer la posible participación de algún responsable de la referida empresa como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos».

A lo largo de todo el día, tras conocerse que la Guardia Civil estaba efectuando el registro de Tarrasa, se concentraron a las puertas de Unipost un par de decenas de independentistas para protestar por la acción judicial. Entre ellos, algunos diputados autonómicos del PDECat y de ERC. Ya por la tarde, los Mossos tuvieron que intervenir contra miembros de la CUP que impedían el acceso de la comitiva judicial a la oficina.