Varios policías se dirigen hacia la entrada de la sede de la Diputación de Barcelona
Varios policías se dirigen hacia la entrada de la sede de la Diputación de Barcelona - EFE

Una empresa relevante en el «procés» se lucró del dinero de la ayuda al desarrollo

Discatimat S. L. se jactó de producir papeletas, carteles «y otros útiles» para el 1-O

BarcelonaActualizado:

Los independentistas de Cataluña agrupados en torno a la antigua Convergència no tuvieron ningún inconveniente en detraer de forma fraudulenta enormes cantidades de dinero de la Diputación de Barcelona que debían estar destinados a la ayuda al desarrollo de terceros países para engordar los bolsillos de sus afines. No solo eso; una de las principales empresas que recibieron esos fondos de forma irregular, Discatimat S.L., jugó un papel relevante en el proceso soberanista y en ese marco hasta retó a las Fuerzas de Seguridad, jueces, fiscales y demás «demófobos» (sic) a actuar contra ella.

Los detenidos el pasado jueves en Cataluña por la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial «se creían impunes» al amparo de una administración controlada de forma férrea por Convergència, según fuentes de la investigación consultadas por ABC. «Solo así se explica que actuaran de forma tan burda», añaden. Con la operación Estela se ha conseguido desmontar el entramado de empresas, y asociaciones afines al «procés» que usaban las ayudas a los más desfavorecidos para aumentar su cuenta corriente y, presuntamente, también financiar para actividades secesionistas.

Especialmente llamativo es el caso de la Asociación Igman y la Fundación CATMón, ambas controladas por Francesc Dalmases, diputado autonómico de Junts per Catalunya. «Las dos recibían la práctica totalidad de sus ingresos, unos diez millones de euros, de organismos y corporaciones públicas controladas por Convergència. Sin embargo, y a pesar de ser dinero público, nunca justificaban sus gastos o bien lo hacían de forma chapucera e irregular, de una manera que no sostenía un mínimo análisis de control por parte de la administración, en este caso la Diputación de Barcelona». A veces falsificaban facturas, y cuando los técnicos de la Diputación no las daban por válidas, las volvían a entregar sin cambiar ni una coma. No se molestaban en enmendarlas porque sabían que otros técnicos diferentes les daría el visto bueno o que, directamente, «el jefe político» ordenaría el pago sin la rúbrica de un técnico. Otras veces ni exigían facturas para el abono.

Muy relevante es que el dinero acabara, según las investigaciones de la UDEF, en sus cuentas personales, disposiciones en efectivo o en pagos a empresas como la imprenta Discatimat S.L. Precisamente esta sociedad tuvo un papel destacado en el proceso soberanista, hasta el punto de que se jactaba e «inculpaba» de haber utilizado sus instalaciones para imprimir carteles, papeletas y «otros útiles democráticos». Asimismo informaban de que «algunas cajas de esta oficina pueden ser utilizadas como urnas».

Falta de escrúpulos

Con todos estos datos las fuentes consultadas por ABC no descartan que con la documentación intervenida se puedan encontrar pruebas de la financiación del «procés» con dinero público, aunque no fuera ese el objetivo principal de la investigación. Recuerdan que, tal como informó ayer ABC, una de las fundaciones consultadas comparte despacho con Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, está en prisión acusado de rebelión.

El desvío de dinero público de ayudas destinadas a países en desarrollo demuestra hasta qué punto la administración controlada por Convergència estaba dispuesta a saltarse todos los controles para beneficiar a sus afines. Estas fuentes insisten en que «lo que se sabe hasta ahora puede ser solo la punta del iceberg, ya que la trama corrupta recibía también dinero de otras instituciones catalanas».

De momento, los investigados guardan silencio. De los 30 arrestados el jueves, cinco durmieron en los calabozos y pasaron a primera hora de ayer a disposición del juez de Barcelona que se encarga del caso. El alcalde de Tordera (Barcelona), Joan Carles García; el subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells; el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba; el presidente de CATmón, Víctor Terradelles, y el director de Pimec hasta 2014, Joaquim Ferrer, se negaron a declarar. El juez los dejó en libertad con cargos.