La desaladora de Águilas también reclamó a Acuamed los pagos asumidos con Zapatero

Si finalmente la desaladora Águilas-Guadalentín (Murcia) incluyó el importe de las facturas de publicidad a favor de la desalación en la liquidación final de las obras está por investigar, pero según los gastos promocionales acordados por Acuamed con Goa Producciones y facturado a la UTE constituida por Ferrovial y Sacyr, el importe de su primera piedra fue de 54.810 euros (sin IVA).

Así se desprende del «Informe de trabajos adicionales» de la UTE Águilas-Guadalentín fechado en agosto de 2012, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, que acredita que existen «datos suficientes para afirmar que la operativa» de las «mordidas» fue la misma que realizó la UTE Torrevieja, integrada por Acciona Agua, Romymar y Acciona Infraestructuras.

En la nota recogen la contribución a la campaña de desalación realizada por las constructoras «a petición de Acuamed» por un importe de 1.115.000 euros (sin IVA), que coincide con la relación de facturas emitidas por la agencia Bassat Ogilvy señaladas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

Sacyr y Ferrovial también se hicieron cargo de la edición del libro «Fondos del Mediterráneo» encargado por Acuamed a Nextcom por 29.666 euros y de varios reportajes fotográficos por un total de 25.920 euros.

Aunque la campaña se desarrolló a finales de 2007, antes de las elecciones generales, no es hasta 5 años después, cuando la desaladora de Águilas reclama las cantidades abonadas, siendo Francisco Valiente, denunciante del caso, director de Ingeniería y Construcción, y Arcadio Mateo, investigado por el juez Velasco, director general de la Sociedad Estatal Acuamed.

Como remarca la Guardia Civil en el caso de Torrevieja, «resulta difícil concebir que las cantidades que reclama la UTE en concepto de publicidad, pudieran ser abonadas con fondos destinados a un contrato de obra para la construcción de una desaladora como se pretendía».

Todavía se desconoce si las constructoras Sacyr y Ferrovial como adjudicatarias de la obra de la desaladora de Águilas cobraron la reclamación en un modificado del contrato o si su intento quedó frustrado como en Torrevieja. Tal como señalan los agentes de la UCO, sería «un importe final injustificado y aumentado de forma ilícita».

Fue en 2004, durante el mandato de Cristina Narbona frente al Ministerio de Medio Ambiente, cuando se creó la Sociedad Estatal Acuamed, planteándose una «alternativa» al trasvase del Ebro. El documento aprobado en el Consejo de Ministros el 28 de septiembre de 2007 informó de la autorización concedida por la ministra de realizar una «campaña publicitaria de ámbito nacional» a favor de la desalación de agua de mar, «como solución a la escasez de este recurso y sus nulos impactos medioambientales», sin que apareciera el nombre de Acuamed en la propuesta.

El «Programa Agua» financiado por constructoras ligadas a las desaladoras tampoco fue dirigido a través de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento de Agua (ATTA) como recogía el acuerdo, sino por la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR).

El acuerdo verbal durante el Gobierno socialista, cuando Adrián Baltanás era director general de Acuamed, incluía que se «debía devolver a la UTE el pago realizado en concepto de aportación a una campaña publicitaria extracontractual y ajena a un contrato de construcción firmado con anterioridad», según se desprende de la investigación de la UCO.

En unas declaraciones realizadas cuando estalló el caso, Cristina Narbona consideró que se debían aclarar «todas las responsabilidades desde el minuto cero». Y aseguró que no tenía «ningún problema si me llaman para explicar cualquier cosa. Iría. Estoy a disposición».