La Defensora del Pueblo pide datos sobre las trabas al voto desde el exterior

Los ciudadanos españoles que residen en el exterior han conseguido que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, escuche su queja y decida examinar si el tortuoso camino que han tenido que recorrer para lograr votar el próximo 20 de diciembre es el correcto o por el contrario sufren algún tipo de discriminación. Para ello, la Institución ha requerido información sobre el proceso a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, de la que depende la actuación de los consulados españoles. La ley marca un plazo de quince días para que las administraciones públicas contesten obligatoriamente, aunque este período puede flexibilizarse en función de la complejidad de la queja.

Una vez recibidas las explicaciones del ministerio que encabeza José Manuel García-Margallo , Becerril estudiará la documentación y pedirá más información o emitirá una resolución fundamentada rechazando o estimando las quejas de los ciudadanos residentes en el exterior. Si finalmente concede la razón a este colectivo, la Defensora del Pueblo también podría realizar recomendaciones de actuación al Gobierno encaminadas a mejorar el proceso de voto en el exterior. Su dictamen no es vinculante ya que esta institución carece de poder ejecutivo, pero sus fallos tienen un elevado peso moral. El dictamen llegará, probablemente, una vez celebradas las elecciones del 20-D, pero aunque estuviese antes es imposible que sus recomendaciones puedan implementarse antes de esa fecha por falta material de tiempo.

El centro de las críticas a la actuación de los consulados españoles ante las próximas elecciones generales, tal como informó ayer ABC, es la exigencia de tramitación presencial en el caso de inscripciones y subsanación de errores, algo que provoca muchos problemas a aquellos que viven lejos de donde están estas oficinas.

El colectivo de juristas «Dosmillonesdevotos» acusa a Exteriores de realizar una interpretación restrictiva de la ya complicada reforma electoral aprobada por el Gobierno socilista en 2011 al entender que la presencia debe ser obligatoria en los citados trámites. Los desplazamientos, subrayan, impiden en muchos casos el ejercicio del voto porque la mayoría de las ciudades no cuentan con consulado y en algunos casos como Vancouver (Canadá) o el archipiélago de Reunión (Francia) el más cercano se encuentra a unos 5.000 kilómetros de distancia. Su petición es que al igual que ayuntamientos como el de Madrid permiten que estos trámites se puedan realizar a través de un delegado, los consulados permitan la misma fórmula. La ley electoral señala que los consulados tramitarán las inscripciones y subsanación de errores «conforme al mismo procedimiento de los ayuntamientos», sin incluir más especificaciones.

Fuentes diplomáticas, por su parte, rechazan la acusación de los juristas y defienden la actuación de los consulados como garantía de seguridad del propio proceso electoral. La exigencia de presencia, subrayan, «intenta evitar el fraude en el voto». Además, de la Defensora del Pueblo hay otra institución que examinará las quejas de los ciudadanos españoles residentes en el exterior . Se trata de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Tras visitar nuestro país a primeros de este mes, ha decidido enviar una misión de evaluación a España durante la jornada del 20-D al considerar que existen «deficiencias» en el proceso de participación de los ciudadanos emigrados. Así, advierte de que la nueva obligación de solicitar el voto para poder participar en las elecciones, lastra la participación de este colectivo. Casi dos millones de españoles con derecho a voto, residen en el extranjero.