Baltasar Garzón, en una imagen de archivo - EFE

Correa pide el indulto para el exjuez Baltasar Garzón y ofrece colaborar si es liberado

El juicio a la trama Gürtel queda visto para sentencia 125 sesiones después

MadridActualizado:

«Se levanta la sesión, definitivamente». Con esas palabras celebradas entre risas por los abogados defensores, el juez de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado ha cerrado el primer gran juicio a la trama Gürtel, una vista oral que se ha extendido durante 125 sesiones y ha transcurrido durante un año y dos meses. En esta última sesión, el protagonista ha sido el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, quien ha pedido ser liberado para colaborar con la justicia y agilizar todas las causas pendientes que indagan en la trama. Se encuentra condenado a 13 años de cárcel por las actividades de la trama en Valencia, donde amañaron contratos, una sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

En su última palabra, que ha utilizado durante 27 minutos, Correa ha sorprendido en el último momento y ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que indulte al exjuez Baltasar Garzón, que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar que se escucharan las conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus letrados, al inicio de la investigación. Correa, que se enfrenta a 125 años de prisión por esta causa, ha asegurado que Garzón «es una víctima más de esta causa política», como él, según sus propias palabras. «Este señor ha sido injustamente inhabilitado», ha expresado el cabecilla, que no ha podido explicarse al ser cortado por el presidente del tribunal, que le ha instado a hacer esa petición por los cauces oportunos.

Apoyado en apuntes manuscritos, y con una botella de agua siempre a mano, Correa ha denunciado el trato desigual de la justicia con los líderes de la trama Gürtel -Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez-, quienes han sido encarcelados a pesar de que la condena todavía no es firme. «¿Por qué somos tratados peores que terroristas?», ha cuestionado Correa, quien no ha dado nombres de otros condenados por corrupción sin sentencia firme que se encuentran libres, como Íñaki Urdangarín o Rodrigo Rato. «Quiero solucionar este tema, y que el país deje de hablar de ello. Me dan igual 200 o 300 años de cárcel».

El acusado también ha defendido las actividades de la trama, una red corrupta que se extendió por numerosas administraciones del PP en los años previos a la crisis. Esta vista enjuicia sus actividades entre 1999 y 2005 en las regiones de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid y Estepona. Correa ha ensalzado su modo de trabajar, agasajando a sus clientes, y ha señalado que es una práctica habitual en el mundo empresarial. El cabecilla ha asegurado que las compañías acudieron a él para tener éxito en adjudicaciones gracias a sus contactos y relaciones, una situación que ha comparado con la función que realizan los expresidentes del Gobierno de España que buscan que las empresas españolas consigan contratos importante por el resto del mundo.

Aun así, el cabecilla ha negado que esa círculo de favores suponga un delito, porque él siempre cobró de la empresa privada, a pesar de que la Fiscalía le acusa de causar un grave perjuicio a las arcas públicas. «¿Cuál fue mi error? ¿Dónde está mi falta?», ha preguntado Correa, quien se ha respondido él mismo al afirmar que las empresas privadas renunciaron a hacerle un contrato o visarle facturas por sus trabajos. En su alegado, ha insinuado que estas mismas prácticas se dan en los palcos de fútbol de los equipos españoles y ha asegurado que él, por hacer negocios, le facturaría incluso al mismísmo Donald Trump.

El sorprendente discurso de Correa ha cerrado el primer gran juicio a la trama Gürtel, en el que también está acusado el antiguo tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita 39 años y medio de prisión. El tribunal -tres jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal- también resolverá si el Partido Popular es condenado a devolver el dinero que, según la Fiscalía, se ahorró en las campañas electorales en Pozuelo y Majadahonda en el 2003 gracias a la trama, cifrado en 245.492 euros.