Correa calla ante el juez sobre los supuestos pagos de empresarios a la caja B del PP

Esta causa, que se encontraba cerrada desde marzo de 2015 y pendiente de fecha para celebrar el juicio, investigaba entre otras cosas un supuesto círculo de donaciones irregulares de empresarios a la contabilidad del PP a cambio de favores , un hilo de la investigación que no quedó acreditado. Los jueces, sin embargo, sentaron en el banquillo a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta , al exgerente Cristóbal Paez y a tres empleados de Unifica, por pagar con dinero negro reformas en sedes del partido y por manejar una caja opaca.

El juez José de la Mata consideró «relevantes» las manifestaciones de Correa en el primer gran juicio a la trama Gürtel y de dos empresarios que admitieron pagos a políticos del PP. El cabecilla, que ha reconocido gran parte de los hechos con la esperanza de que la Fiscalía rebaje su petición de 125 años de cárcel en dicha vista oral, afirmó que se repartió comisiones con Bárcenas gracias a que éste medio con los ministerios de Medio Ambiente y Fomento para favorecer a constructoras, de las que nombró a OHL y ACS, dos compañías que se querellaron contra Correa.

El otro imputado que ha declarado este jueves ha sido el empresario Alfonso García-Pozuelo , quien en el juicio a la Gürtel reconoció que abonó 1,5 millones de euros a Correa, a Bárcenas y al exdiputado por Segovia Jesús Merino en 2002 y 2003, también a cambio de adjudicaciones públicas, en este caso en Castilla y León, que fueron destinadas a «organismos centrales» que no especificó. García-Pozuelo también se ha negado a declarar y a ratificar esta confesión. Tanto Correa como el empresario consideran que son dos causas diferentes, a pesar de que ambos procesos son piezas de la misma investigación común a las actividades de la Gürtel.

Fuentes jurídicas han informado de que Correa ha manifestado que planea seguir colaborando con la justicia después de confesar los hechos que le atribuye la Fiscalía en el juicio a la primera época de la Gürtel (por sus actividades entre 1999 y 2005 en Madrid, Castilla y León y Estepona), a lo que el juez le ha reprochado que esa colaboración está siendo «a la carta», restándole credibilidad a su relato.