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El constitucionalismo catalán demanda a Arrimadas que tome las riendas políticas y asuma la iniciativa

Los desencuentros entre Cs y el PP dificultan la unidad de acción que reclaman algunasvoces del ámbito social en Cataluña

BarcelonaActualizado:

En la sede del PP todavía resuenan las palabras de Albert Rivera, pronunciadas en febrero de 2016: «Si usted no va a formar gobierno, lo que no puede impedir es que otros lo intentemos. No vale solo criticar sin proponer soluciones». El «usted» es Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno en funciones y sin opciones de repetir en La Moncloa tras el resultado del 20-D (2015). Rivera, que para entonces había pactado con el PSOE la investidura (fallida) de Pedro Sánchez, le pedía al PP «soluciones» (el PSOE y Cs no tenían los votos suficientes para esta operación) o una abstención, y respondía así a las palabras de Rajoy, pronunciadas solo unos días antes: «El PP no está para firmar contratos de adhesión a pactos que se han cocinado a sus espaldas o para hacer de actor secundario en un sainete que tiene como único horizonte una nueva campaña electoral». Lo que vino después ya se sabe: elecciones generales (26-J de 2016), pacto de gobierno entre el PP y Cs, y Rajoy nuevamente al frente del Consejo de Ministros.

Ahora, tras las elecciones autonómicas del 21-D en Cataluña (2017), que dieron como resultado la victoria de una formación no nacionalista, en votos y escaños, por primera vez en la historia de la Cataluña autonómica, y el bloqueo institucional que mantiene Roger Torrent (ERC), presidente del Parlament, al seguir apostando por Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) como única propuesta a presidir la Generalitat, sabiendo que si este quiere ser presidente tiene que pasar primero ante el Tribunal Supremo, aparecen voces del ámbito social constitucionalista que creen llegado el momento de Inés Arrimadas.

Todos los consultados por ABC son conocedores de que la suma de los votos de Cs, el PSC y el PP (57) en el Palament hace imposible superar la barrera de los independentistas (70) y Arrimadas podría correr «el riesgo de quemarse» políticamente, pero la mayoría de los consultados también apunta a Arrimadas como la responsable que debe asumir el liderazgo de regeneración política en Cataluña. Un liderazgo que pasaría, también, por dar un paso al frente e intentar desatascar la situación institucional.

«Su oportunidad»

Joaquim Coll, historiador y activista en defensa de los valores constitucionales, cree que Arrimadas debería prepararse: «No es verdad que solo pueda ser Puigdemont o Puigdemont el próximo presidente de la Generalitat. Si el bloque independentista se rompe y siguen sin ponerse de acuerdo, Cs y su líder deberían tener su oportunidad en el Parlament».

Sería el mejor escaparate para Arrimadas y se presentaría ante la ciudadanía como la «principal alternativa» y casi la única al independentismo. Coll añade: «Se mandaría un mensaje de programa creíble, atractivo, y, además, la política consiste en arriesgar».

Más contundente se muestra Antonio Robles, exdiputado autonómico de Cs y ahora al frente del Centro Izquierda de España. Arrimadas debería afrontar una investidura desde el Parlament, defiende, y utilizar la tribuna para «denunciar ante Europa la naturaleza perversa del nacionalismo, sus raíces xenófobas, las exclusiones lingüísticas, el control de los medios de comunicación, la pedagogía del odio, la utilización del dinero público para fines privados, y mostrar a los catalanes lo que es un Estado de Derecho y lo que no lo es».

Robles recuerda, además, que el candidato a presidir la Generalitat tiene «todo el tiempo del mundo» desde el atril del Parlament para presentar su proyecto de gobierno, por lo que la líder de Cs en Cataluña podría defender la Constitución y «dejar a esos hechiceros nacionalistas ante los suyos como lo que son, meros farsantes». De todas formas, tras la inicial propuesta formal de Puigdemont –empantanada tras su aplazamiento sine die– por parte de Torrent, está en manos de este cambiar de candidato a la presidencia de la Generalitat.

Este tiempo perdido es el que echa de menos Verónica Fumanal, politóloga y asesora en estrategia política: «Arrimadas fue la ganadora de las elecciones. Como tal, debería haber evidenciado esa victoria con una ronda de contactos con todos los partidos políticos para explorar vías de gobierno. Así, hubiera podido demostrar la negativa de algunos a realizar un gobierno alternativo, de cara a realizar unas segundas elecciones, consolidando de esta manera el relato de quién sí y quién no apuesta por otra geometria parlamentaria». Desnudaría, en este sentido, parte de la estrategia de Junts per Catalunya yERC, argumenta Fumanal.

En esta misma línea se expresa Félix Ovejero, uno de los fundadores de Cs –si bien deja claro que no tiene ningún «derecho patrimonial» sobre la marca política– y profesor de la Universidad de Barcelona: «El Parlament necesita oír la defensa de la ilustración y la ciudadanía. Quizá Arrimadas debía haberlo intentado, no lo tengo claro. De todas formas, en el Parlament se lleva haciendo esto mucho tiempo, pero el control mediático en Cataluña es tal que es difícil que llegue a la gente».

«Pragmáticos»

Expresan más dudas, sobre la oportunidad de Arrimadas de dar un paso al frente, otros activos de la sociedad catalana como Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya; Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona; y Josep Ramon Bosch y Rafael Arenas, expresidentes de Societat Civil Catalana.

Bou, por ejemplo, deja claro que es partidario de acuerdos entre las formaciones constitucionalistas, pero recuerda que «los empresarios somos muy pragmáticos». Es decir, no cree que valga la pena acudir al Parlament sin los votos mínimos. Aun así, si la líder de Cs hubiera acudido al Parlament para una investidura «el tiempo de los dos meses ya estaría corriendo» y la situación no estaría bloqueada por los independentistas, que «se creen dueños del Parlament, como si fuera solo suyo». En este sentido, Bou sí defiende que Arrimadas debería «lanzar un mensaje de defensa constitucional y en clave cristalina: para dejar claro que ella gobernaría para todos los catalanes, a diferencia de Puigdemont y los independentistas».

También pragmática se muestra Freixes, que no es partidaria de que Arrimadas acuda al Parlament, en estos momentos. «No sería eficaz», asegura. Pero reclama «políticas de Estado» a los tres partidos constitucionalistas, unos mínimos que extiende, en lógica parlamentaria, a una acción conjunta en el Congreso: «En el bloque constitucionalista, hasta ahora, había un desencuentro de dos grupos, y ahora parece que el desencuentro será de tres. El PP, el PSOE y Cs deberían tener unos mínimos principios comunes. Si no, no saldremos del problema nacionalista».

Por su parte, Bosch es tajante. «Arrimadas no debería presentarse a una investidura. Sería quemarse. Sería un error». Eso sí, también considera «un error» que la formación naranja no haya cedido un escaño a los populares en el Parlament, para que estos tengan grupo propio parlamentario, más herramientas a la hora de ejercer la oposición y no tener que compartir el grupo mixto con la CUP. «Al final, necesitamos más voces a favor del constitucionalismo y no solo una o dos», añade Bosch, quien comparte con Arenas, también expresidente de la misma asociación, la tesis del «error» si Arrimadas se presenta ahora a una investidura en el Parlament.

La moción de censura

El riesgo de Arrimadas pasaría, así, por dar un paso adelante. Asumir una responsabilidad política como hizo Sánchez en 2016, al pactar con Rivera una investidura a la presidencia del Gobierno sin los votos necesarios. El intento no funcionó pero, visto con distancia, a Sánchez le pudo valer para volver a liderar el PSOE.

Al fin, la líder de Cs en Cataluña ya planteó en septiembre del año pasado una alternativa al secesionismo sin que dieran las matemáticas cuando anunció una moción de censura a Puigdemont. La iniciativa cayó en saco roto y ni el PSC ni el PP ayudaron.

En los últimos días, los defensores de que Arrimadas se mueva apuntan al ejemplo de Felipe González en 1980, cuando propuso una moción de censura a Adolfo Suárez. Para González fue su confirmación –aun perdiendo la moción– como alternativa a Suárez, que se hizo realidad en 1982. Pero los que se muestran, ahora, más conservadores, responden con otros dos nombres: Antonio Hernández Mancha (1987) y Pablo Iglesias (2017).