Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en la firma de la convocatoria del referéndum
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en la firma de la convocatoria del referéndum - REUTERS

El Constitucional suspende la ley del Referéndum de Cataluña un día después de su aprobación

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la convocatoria de la consulta ilegal y la aprobación de la ley

MadridActualizado:

Solo un día después de su aprobación en el Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este jueves la ley del Referéndum y el decreto que firmaron ayer los miembros de la Generalitat para convocar la consulta ilegal, prevista para el 1 de octubre. Los doce magistrados del TC, reunidos en un pleno extraordinario, han acordado esta decisión de urgencia al admitir a trámite los recursos del Gobierno contra las normas catalanas. Esta admisión supone automáticamente la suspensión de lo recurrido.

El tribunal garante de la Constitución ha abordado este jueves los cuatro recursos interpuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar los planes secesionistas: dirigidos contra la ley del Referéndum, el decreto de convocatoria de la consulta ilegal, las normas complementarias que lo acompañan, y la resolución del Parlament que designó a cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

En los recursos, el Gobierno también solicitó al TC que notificara su decisión de forma personal a Carles Puigdemont y todos los miembros de su Gobierno regional —contra quienes la Fiscalía presentará una querella por convocar el referéndum—, así como a los alcaldes de los municipios catalanes, decisivos por la petición de la Generalitat de que abran los colegios para la consulta. El Gobierno ha pedido al TC que advierta a los regidores de «su deber de impedir o paralizar» cualquier iniciativa sobre el referéndum.

Otro asunto que ha abordado el Constitucional ha sido el incidente de ejecución planteado por el Gobierno contra la admisión a trámite de la ley del Referéndum por la Mesa del Parlamento catalán, el acto previo que permitió la tramitación y aprobación de la norma.

El Gobierno alegó que este acto incumplió la sentencia del Constitucional de 2 de diciembre de 2015, en la que el tribunal garante ordenó a los gobernantes catalanes que impidiesen cualquier iniciativa dirigida a preparar el referéndum independentista. Aquella sentencia anuló la declaración de desconexión, la resolución del Parlament del 9 de noviembre que proclamó la ruptura con España, considerada el «acto fundacional» del proceso independentista.