El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una manifestación independentista en Bruselas el pasado mes de enero - REUTERS / Vídeo: Quim Torra visita a los Jordis en la cárcel de Soto del Real

Cincuenta embajadores españoles jubilados denuncian en una carta la actitud de Bélgica frente a la crisis catalana

Los exdiplomáticos aseguran que el trato recibido por Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos pone de manifiesto la «escasa disposición» de Bruselas «a colaborar con la Justicia española»

MADRIDActualizado:

Cincuenta embajadores españoles, ya retirados, han unido sus fuerzas y han firmado una carta que han dirigido al embajador belga en España, Marc Calcoen. Lo hacen para manifestar su «sorpresa» –también su «preocupación e indignación»– por la actitud que tanto el Gobierno como la Justicia belgas han adoptado con España, «un Estado socio en el seno de la Unión y aliado en el marco de la OTAN», durante la crisis catalana.

Los exdiplomáticos lamentan ante su colega que, desde Bruselas, se haya hecho caso omiso a la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que España lanzó cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros, huyendo, se refugiaron en Bélgica, tras culminar su mediático e intrincado «proceso de insurrección contra el Estado español».

En la misiva, se rememoran algunos de los momentos más críticos. Ejemplo de ello es cuando el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Jan Jambon, criticó a la «Justicia española por enjuiciar a las destituidas autoridades catalanas, dado que éstas se habían limitado a seguir el mandato de sus electores». También recuerdan que el político belga «se mostró dispuesto a conceder el estatuto de refugiados políticos a los prófugos y pidió a la comunidad internacional que estuviera vigilante para asegurar que Puigdemont recibiera un trato justo».

Los antiguos embajadores se quejan –además– de que, a pesar de que la Audiencia Nacional acusó a Puigdemont y sus exconsejeros fugados de sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, Bélgica «puso en duda el respeto de los derechos humanos en España (...) las condiciones de detención, las garantías de un juicio justo, las condiciones de las cárceles y la posible exposición a episodios de violencia». En la carta se afirma sin ambages que el fiscal del rey, Jean-Marc Meilleur, «dinamitó la aplicación de la OEDE, que se basa en la confianza en los sistemas judiciales de los miembros».

Por último, los embajadores jubilados lamentan el desenlace que tuvo el periplo de Puigdemont y sus exconsejeros por tierras belgas: «La autoridad judicial belga ha dado largas a la repuesta –a pesar del carácter urgente de la OEDE– y ha decidido conceder la libertad provisional a los prófugos, a los que el Gobierno belga ha consentido que actúen con plena libertad para realizar actividades políticas en contra de la Constitución y de las leyes españolas». Los diplomáticos retirados no dudan en asegurar que esta actitud ha puesto de manifiesto la «escasa disposición» de Bélgica «a colaborar con la Justicia española».