Cinco años de los ERE: 275 imputados y sin recuperar un céntimo del dinero defraudado

Desde que cogió las riendas del caso hasta que envió la causa al Supremo con los indicios incriminatorios contra nueve aforados pasaron más de tres años y medio. Alaya estuvo de baja seis meses y, además, rechazó los jueces de refuerzo que le ofreció el TSJA para las macrocausas que tenía entre manos: Mercasevilla, los ERE y el Betis. Su investigación fue meticulosa, cuasiobsesiva y, sobre todo, eterna, porque lejos de ir cerrando vías de investigación, Alaya iba abriendo nuevas ramas sin llegar a terminar ninguna. Para desesperación de la Junta, de los imputados que tardaron en algunos casos más de dos años y medio en ser llamados a declarar, de la Fiscalía Anticorrupción, y del TSJA, que expresó su preocupación por estas dilaciones en repetidas ocasiones. Incluso el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner , dijo que no veía «normal ni aceptable» que los imputados aún no hubieran declarado.

En su empeño por encontrar a los máximos responsables de la trama, la juez ha soportado presiones de todo tipo para cortocircuitarla. Tuvo que lidiar con dos intentos de recusación para apartarla de los casos Mercasevilla (el germen de los ERE) y Betis. Ha sufrido un escrache de sindicalistas a las puertas del juzgado, que obligó a ponerle escoltas . El Gobierno andaluz presumía de colaborar con la justicia al mismo tiempo que demoraba la entrega de los expedientes que le requería y expurgaba documentación comprometida en la Consejería de Empleo durante un fin de semana. La Junta le echó un pulso (y lo perdió) en el Supremo para no darle las 480 actas de los Consejos de Gobierno. El PSOE recrudeció su campaña contra de cara a las generales de 2011, cuando el exdiputado Alfonso Guerra insinuó que había «una relación fuerte personal entre la juez y Zoido», entonces exalcalde de Sevilla.

Si bien durante más de tres años el caso ERE siempre estuvo en las mimas manos, la investigación a aforados (tanto autonómicos como nacionales) y la decisión de la juez Alaya de marcharse a la Audiencia de Sevilla contribuyó a ralentizar aún más la instrucción. Durante unos meses la investigación abierta a los expresidentes de la Junta, y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, el foco informativo se trasladó a Madrid, y la de los diputados autonómicos, al TSJA. Los aforados nacionales tuvieron que declarar ante el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que les imputó un delito de prevaricación administrativa (en el caso de Viera, también malversación). Los aforados por el Parlamento andaluz, los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo , desfilaron ante el instructor Miguel Pasquau Liaño. Dentro del juzgado, la causa ha pasado por las manos de Alaya, Iván Escalera (que la sustituyó durante su baja por enfermedad), María Núñez Bolaños y ahora el juez Álvaro Martín.

El aterrizaje de la juez Bolaños como titular del juzgado de Alaya no contribuyó a la estabilidad ni al avance de la causa de los ERE, paralizada durante meses porque el Poder Judicial se resistía a ratificar el plan de actuación que para ese juzgado había acordado la Sala de Gobierno del TSJA. Ese reparto pasaba por que la nueva juez titular se ocupara del juzgado junto con Álvaro Martín y Alaya , quien, a su vez, había pedido quedarse, mediante una comisión de servicios, para concluir la instrucción de esta macrocausa. La pelota del futuro de Alaya pasó así durante meses del tejado del TSJA al CGPJ y de este órgano de nuevo al TSJA, que acabó despachando a Alaya con el argumento de que la convivencia entre las dos juezas iba a ser imposible. El punto de inflexión lo marcó un escrito sin precedentes que la juez sevillana mandó al CGPJ cuestionando la capacidad de Bolaños, que era juez de Familia. para investigar la trama y en el que recordaba que esta juez y su marido son muy amigos del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.

No llevaba ni mes y medio en el juzgado cuando Núñez accede a la petición de la Fiscalía, rechazada siempre por su antecesora, y divide la causa de los ERE con el objetivo de acelerar la investigación y ir cerrando piezas para su enjuiciamiento. Ha dado prioridad a la rama centrada en el procedimiento irregular de concesión de las ayudas que afecta a los ex altos cargos. Pero su modo de trocear la causa matriz ha desconcertado a las partes. La Fiscalía, varias defensas y acusaciones han recurrido el auto de división del caso por defectos de nulidad. «No cumple ni en la forma ni en el fondo, en términos de estricta corrección procesal, como garantía del adecuado ejercicio de los derechos de defensa de las partes», argumenta la Fiscalía.

La Fiscalía ha hecho sonar en varias ocasiones la alarma por la caducidad de delitos. Cinco años después, va camino de hacerse realidad. Empiezan a fallecer los imputados (dos, el pasado mes de enero) y la Junta continúa sin recuperar ni un céntimo del dinero defraudado.