Chávez pagó 7 millones de euros para «crear en España fuerzas políticas bolivarianas»

La clave está en un párrafo, 63 palabras con las que el ministro le dice al presidente de Venezuela que el dinero entregado a CEPS, el germen de Podemos , no solo va a pagar las asesorías de la fundación a la que perteneció toda la cúpula de Podemos, sino que hay un objetivo mayor, la creación de un partido político en España afín al chavismo: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano ».

El «punto de cuenta al Comandante Presidente» tenía como asunto «solicitar la aprobación de recursos para la contratación de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS» para el periodo 2008-2010. El ministro del Poder Popular para las Finanzas , el citado Rafael Isea, explica en el documento a Hugo Chávez que las asesorías de CEPS al Gobierno de Venezuela, que comenzaron en el año 2003, han servido para «promover los conceptos de emancipación popular, conciencia anticapitalista y controlaría social».

A continuación aborda los asuntos económicos y cifra en 2.687.390 euros las cantidades satisfechas a CEPS «en estos años», en referencia al periodo 2003-2007. A partir de ahí solicita a Hugo Chávez una partida de 1.650.700 euros para el ejercicio 2008 y otros 2.830.000 euros para el periodo 2009-2011. El total asciende a 7.168.090 euros, una cifra muy superior a la que, en teoría, había cobrado CEPS de Venezuela, que hasta ahora, según sus memorias económicas, se cifraba en unos 3,7 millones de euros (CEPS trabajó para el chavismo hasta el año 2012, cuando Pablo Iglesias ya tenía en marcha su proyetco político, que se tradujo en el registro de Podemos como partido político en enero de 2014).

El entonces presidente de Venezuela autorizó destinar esos recursos a la fundación para la que trabajaban Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, y Luis Alegre , entre otros. De hecho, el actual diputado de Podemos Alberto Montero Soler, el profesor que entregó la «beca black» a Errejón, fue presidente de CEPS. Hugo Chávez rubricó el documento con su famosa firma, conocida en Venezuela como el «rabo de cochino» , por la espiral que presenta y que se asemeja el citado apéndice del cerdo.

Los líderes de Podemos han intentado desvincularse por activa y por pasiva del chavismo para dar una imagen moderada que atraiga más votos, pero el documento que hoy desvela ABC refleja hasta qué punto su fundación afín, CEPS, y el chavismo lo comparten todo. Los conceptos que promueve la fundación « coinciden y se complementan con los de la revolución bolivariana y son la razón por la cual el Gobierno contrató desde hace varios años los servicios de dicha fundación», sostenía el ministro del Poder Popular para las Finanzas.

ABC ha publicado varios de los informes de asesoría que realizó CEPS para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro , en los que se evidenciaba que los trabajos de consultoría pagados con dinero público no servían para el pueblo venezolano, sino que tenían como objetivo perpetuar el chavismo, incluidas asesorías sobre cómo combatir a la oposición.

Esto podría suponer un delito de malversación de caudales públicos, motivo por el que la Asamblea Nacional de Venezuela ha abierto una investigación que la mayoría chavista la mantenía bloqueada. Ahora, con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición al chavismo, controlando el Parlamento venezolano tras las últimas elecciones, la investigación se ha reactivado, como avanzó este diario el pasado 26 de enero.

Según las fuentes de la oposición consultadas por ABC, hay indicios de la comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.