Catalá confirma a todos sus altos cargos en Justicia

De esta forma, Carmen Sánchez-Cortés Martín seguirá siendo secretaria de Estado; Áurea Roldán (quien sustituyó en su momento a Juan Bravo), subsecretaria de Justicia; Marta Silva de Lapuerta, abogada General del Estado, y el exvocal del CGPJ Antonio Dorado, secretario General de la Administración de Justicia.

Todos ellos formarán parte de un Departamento en el que se quiere dar prioridad al «diálogo y al trabajo conjunto» con todos los colectivos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia . Esa es al menos la intención de Rafael Catalá, como él mismo desveló en su toma de posesión. Ante una nutrida representación de todos los colectivos de la Administración de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado, presidenta del Congreso y respaldado por muchos de sus compañeros del Ejecutivo (Critóbal Montoro, Fátima Bañez, Álvaro Nadal, Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina o Juan Ignacio Zoido), Catalá se comprometió a impulsar la agilización de la justicia y a hacer todo lo posible para que desaparezca esa imagen de politización de la justicia con medidas como los límites a los aforamientos, las «puertas giratorias» o los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con la premisa de que «no hay soluciones mágicas pero sí lógicas» para una justicia más ágil, el ministro defendió un Código Procesal propio del siglo XXI que entregue la instrucción penal al fiscal, como sucede en los países de nuestro entorno, de forma que el hasta ahora juez instructor se convierta en juez de garantías.

Defendió también una Justicia «fuerte en su independencia» y en la lucha contra la corrupcion, para lo que considera necesario limitar los aforamientos y regular los indultos, así como conseguir la desjudicialización de la política mejorando, dijo, los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, uno de los compromisos plasmados en el acuerdo del PP con Ciudadanos.

Como ya hizo en su aterrizaje tras la dimisión de Ruiz-Gallardón, cuando se encontró rotas las relaciones con los operadores jurídicos, Catalá volvió a apostar ayer por el diálogo permanente con los profesionales. «Trabajaremos sin descanso para dignificar su trabajo, escuchando a todos (los colectivos)». Dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto, fortalecer el sistema de fe pública o recomponer las relaciones con los abogados del turno de oficio (a los que pidió perdón por la demora en el pago) son otras de las prioridades del ministro.

Junto a ellas, mencionó también la necesidad de «perfeccionar arquitectura normativa para proteger a las víctimas más vulnerables, revisar sistema de tasas para adecuarlo a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional o seguir trabajando el modelo de gestión procesal común.