Jordi Turull, el jueves, durante su discurso de investidura en el Parlament de Cataluña
Jordi Turull, el jueves, durante su discurso de investidura en el Parlament de Cataluña - INÉS BAUCELLS
Análisis

Cárcel para los honorables

Todo en Cataluña se ha convertido en un simulacro indecente para ganar tiempo hacia la nada, sostener el caos como principio de actuación, y mantener al Parlament como rehén de un victimismo que apesta a naftalina

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La negativa de la CUP a investir a Jordi Turull como nuevo presidente de la Generalitat solo confirma la evidencia de que era un candidato de trapo, una marioneta irrelevante en una estrategia separatista sin control para agitar el fantasma de una república catalana inexistente. Cataluña parece abocada a repetir las elecciones en pocos meses porque la fractura del independentismo es más profunda y sinuosa de lo que se percibe en la superficie. Todo en Cataluña se ha convertido en un simulacro indecente para ganar tiempo hacia la nada, sostener el caos como principio de actuación, y mantener al Parlament como rehén de un victimismo que apesta a naftalina. Desde una perspectiva estrictamente política, el enésimo pulso al Estado, con el intento fallido de investir a un nuevo presidente horas antes de que pueda regresar a prisión, ha resultado el enésimo fracaso desmoralizante para todos aquellos que aún conservan intacto su delirio por la independencia.

Novedad en el frente judicial

Sin novedad en ese frente parlamentario, sí la habrá hoy en el frente judicial. En un análisis –factible y realista– de lo que hoy pueda ocurrir en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la lógica jurídica impone la comunicación a varios encausados, entre ellos Turull, de un procesamiento dictado por la vía ordinaria. Y ello es relevante a efectos procesales en la medida que ese tipo de procesamiento lleva aparejadas necesariamente conductas delictivas castigadas con penas superiores a nueve años de cárcel. Por tanto, habiendo procesamiento ordinario, obligatoriamente tendrá que ser por sedición y rebelión, más allá de incluir en segunda instancia otros delitos de menor entidad como la malversación. En el hipotético caso de que únicamente se les procesara por malversación, no habría un procesamiento como el que, con toda probabilidad, se va a producir hoy. Primera pista.

Segunda pista

Dictado y comunicado ese procesamiento, en ningún caso se producirá una inhabilitación automática de esos diputados para el ejercicio de su cargo público. No deberán abandonar su escaño de inmediato. El Código Penal prevé que esa figura de la inhabilitación quede asociada al ingreso en prisión de los procesados y a que el auto de encausamiento sea definitivo y firme.

En el supuesto de que Turull hubiese recibido ayer los votos de la CUP en la primera sesión de investidura, y de que a su vez fuese encarcelado hoy por el Supremo, habría sido presidente de la Generalitat de facto durante unas horas, días o semanas, pero no lo habría sido de modo jurídicamente pleno. La reciente doctrina unánime fijada por el Tribunal Constitucional impide una gobernación por control remoto desde prisión. Además, de haber sido elegido anoche presidente de la Generalitat no lo habría sido más que una veintena de días. Un mes a lo sumo. Es cierto que contra su procesamiento tendrán derecho a un recurso de reforma ante el mismo magistrado Llarena, y en segunda instancia ante la Sala de apelación del propio Supremo. Pero nunca hasta ahora ningún compañero de Sala ha desautorizado ni una sola de las resoluciones de Llarena, lo que avanza un procesamiento firme en el plazo máximo de un mes.

Tercer indicio

¿De qué dependerá que Turull y el resto de procesados ingresen en prisión, más allá de que él fuese o no investido? Lógicamente, de que lo solicite la Fiscalía y de que lo acuerde Pablo Llarena. Sin embargo, cuando el fiscal deba pronunciarse hoy mismo ya contará con un elemento de juicio nuevo y relevante que habrá conocido unas horas antes: el auto de procesamiento, la gravedad de los delitos, y la confirmación de que ocurra lo que ocurra serán juzgados por rebelión y sedición. Es una decisión que al adquirir firmeza no tendrá marcha atrás en el banquillo de los acusados. Banquillo asegurado para responder por delitos penados con entre 20 y 30 años de prisión identificados con los tipos de rebelión y sedición.

Cuarta pista

De solicitarlo el fiscal, y es muy previsible, Llarena convocará en las próximas horas una «vistilla» para resolver si debe producirse el inmediato ingreso en prisión de los procesados. La lógica jurídica no solo revelará que los delitos se corresponden con algunos de los más severos de nuestro Código Penal, sino que asegurará la apertura de juicio oral. Llegados a este punto próximo al final de la investigación, Llarena ya no tendrá que evaluar subjetivamente el temor a la reiteración delictiva o a la destrucción de pruebas. Atendiendo a la gravedad de las conductas cometidas y a las tesis favorable de casi todos los encausados a conformar un «gobierno de la república en el exilio», solo cabrá a Llarena meditar el riesgo de fuga. Con un juicio por rebelión asegurado, con una futurible petición de pena superior a 20 años de cárcel, y con varios exdirigentes huidos y otros presos, es tentadoramente humano pensar en fugarse. Llarena tiene la palabra, bajo la evidencia de que una hipotética investidura de Turull en segunda votación con solo dos votos de la CUP (tiene cuatro) no le serviría de nada al independentismo si ingresa en prisión. El TC ha cegado ya esa vía.