Una de cada tres mujeres que solicita una orden de protección es extranjera
Desde 2007 los juzgados españoles han recibido más de un millón cien mil denuncias por violencia de género
El porcentaje de condenas a maltratadores en juicios con jurado supera el 95 por ciento de las sentencias dictadas
Un 33 por ciento de las 365.868 órdenes de protección que tramitaron los juzgados de violencia sobre la mujer en los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley Integral fueron solicitadas por mujeres extranjeras. Así se pone de manifiesto en el Informe sobre los diez años de aplicación en los órganos judiciales de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en su número 43, correspondiente al mes de noviembre.
De las órdenes de protección solicitadas en estos diez años, los jueces concedieron 246.542, lo que representa un 67,4 por ciento del total. El Informe especifica que fue en los juzgados de violencia sobre la mujer compartidos donde se produjo un mayor porcentaje de concesión de órdenes de protección, un 71,7%, porcentaje que descendió a un 62,9% en los juzgados exclusivos, informan fuentes del Consejo.
En cuanto a territorios, La Rioja y Murcia fueron las Comunidades donde se concedieron porcentualmente más órdenes de protección, con un 86 por ciento sobre el total de solicitadas, mientras que Cataluña, con un 52,6 por ciento, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57 por ciento, fueron las Comunidades con menor ratio de órdenes concedidas sobre solicitadas.
También se revela en el Informe que un 2,3 por ciento de las víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección eran menores de edad , y que el porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 67,3 por ciento fueron españoles y un 32,7 por ciento, extranjeros.
Medidas de protección
Dentro de la orden de protección, el alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se adoptaron en un mayor número de casos . Otras medidas penales acordadas fueron la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio. En más de un 5 por ciento de los casos, también se estableció una medida de privación de libertad.
En lo que hace referencia a las medidas de naturaleza civil, las de mayor aplicación han sido la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos , siendo concedidas ambas en el 94 por ciento de los casos a instancia de la víctima.
También hay un importante número de medidas que se acordaron en aquellos casos en los que no se había adoptado una específica orden de protección, al objeto de que la víctima no quedara desprotegida.
El alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se establecieron en un mayor número de estos supuestos. Aunque las medidas acordadas a instancia de la víctima siguieron representando el mayor porcentaje, superior al 80 por ciento, las medidas tomadas a instancia de la Fiscalía cobraron un mayor protagonismo, llegando en el caso de las privativas de libertad a representar un 58,4 por ciento de las medidas acordadas , mientras que las adoptadas a instancias de la víctima fueron del 36,2 por ciento.
Más de un millón de denuncias
En los juzgados de violencia sobre la mujer, se registraron desde el año 2007 –primer año en que se contabilizaron- 1.114.560 denuncias.
Atendiendo a la procedencia de las denuncias, fueron los atestados policiales los que tuvieron el mayor porcentaje, cercano al 80 por ciento. Los partes de lesiones supusieron cerca del 12 por ciento de las denuncias, mientras que la denuncia directa en el juzgado por la víctima o sus familiares apenas sí llegó de media en estos años al 8 por ciento del total de denuncias.
El informe revela asimismo que entre las mujeres extranjeras el fenómeno de la violencia de género es mucho más grave, pues presentaron un número de denuncias por cada 10.000 mujeres que cuadruplica el observado entre las españolas.
Así, por ejemplo, en el año pasado la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada diez mil era respecto de las españolas de 49, mientras que para las extranjeras esa ratio se elevaba hasta 196, cifra que ya venía manteniéndose en los años anteriores.
Igualmente, al hablar de las renuncias a continuar con el proceso judicial, se observa que la ratio de mujeres extranjeras que renuncian quintuplica al de las españolas . En 2014, la ratio de renuncias frente al total de denuncias fue por parte de las españolas de 5,5, mientras que en las extranjeras la ratio fue de 29,4.
Sentencias dictadas
Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en los diez años de aplicación de la ley integral un total de 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa un porcentaje de condenas del 77 por ciento respecto del total de sentencias dictadas.
En todo el período, por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias, lo que representa un 51,8 por ciento del total de sentencias; dato éste que es muy dispar según las distintas Comunidades: mientras que en Madrid y Cataluña el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en torno al 44 por ciento, en Extremadura rozó el 80 por ciento.
En estos juzgados se enjuiciaron a 284.029 personas, de las que un 96,3 por ciento eran hombres. Fueron condenados un total de 146.587 personas, de los que 98.455 eran españoles y 44.336 extranjeros.
Juzgados de Menores
A lo largo de estos diez años, los juzgados de menores registraron una entrada de 1.526 asuntos de violencia doméstica y de género. En este período se dictaron 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 fueron en procedimientos por delito y 44, en faltas.
Los juzgados impusieron medidas en 1.004 procedimientos por delito y en 35 de los procesos por faltas. El número total de enjuiciados fue de 1.238 menores, de los que 1.042 se encontraban en la franja de edad de entre 16 y 17 años, y 196 tenían entre 14 y 15 años.
De todos los menores enjuiciados en estos diez años, 898 eran españoles y 34, de origen extranjero.
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