Uno de cada tres crímenes de ETA sigue sin ser resuelto

Las víctimas exigen a la banda que colabore con la Justicia para esclarecer los casos

BilbaoActualizado:

La izquierda radical recurre con frecuencia al término «reconciliación» para fomentar la disolución sin contrapartidas de ETA. En el comunicado que hizo público el diario Gara, de hecho, los terroristas no ofrecieron garantía alguna de que vayan a colaborar con la Justicia para arrojar luz sobre los cientos de asesinatos que quedan sin resolver, que constituyen el 34%.

Por encima de todo priman la necesidad de perdonar al «bando» contrario, algo que sus víctimas relegan a un «segundo plano». En este sentido, las asociaciones de damnificados por la organización insisten en que no habrá paz en el País Vasco hasta que los criminales cumplan sus penas de forma «íntegra» y digan lo que saben sobre los casos que continúan abiertos.

La cifra total de atentados sin responsables varía en función de quién la ofrezca. Instituciones como Dignidad y Justicia hablan de 379 casos, mientras que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) augura que existen más de 400. La Fiscalía de la Audiencia Nacional establece que en la actualidad se desconoce la autoría del asesinato de 297 personas. Es decir, una de cada tres víctimas mortales.

Entre ellas se encuentran los agentes de la Guardia Civil Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, que murieron en 2009 en Calvià (Mallorca); así como el policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, fallecido en 1990 en el municipio vizcaíno de Galdácano.

Sus nombres engrosan la oscura lista de crímenes sin resolver de la banda, que escenificará su disolución el primer fin de semana de mayo. Una «farsa» que no sacia a las familias de los asesinados, que exigen a los terroristas que colaboren con las autoridades españolas y francesas. En este sentido, fuentes de Covite explicaron que muchos de los damnificados por la violencia etarra no cierran la puerta al «perdón», si bien añadieron que para ello es necesario que los etarras cumplan la totalidad de sus condenas y faciliten la información que esconden.

De hecho, las víctimas hacen hincapié en que los supuestos gestos de reconciliación a los que se aferra ETA no son más que una «tomadura de pelo» semejante al acto de desarme que tuvo lugar hace un año, cuando la banda hizo entrega de 118 armas de fuego y cerca de tres toneladas de explosivos. En este sentido, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, recordó a ABC que los propios mediadores del proceso fueron detenidos meses atrás por «obstrucción a la Justicia y destrucción de pruebas».

500 armas incautadas

En cualquier caso, el material que facilitaron los terroristas no sirvió para esclarecer los crímenes sin resolver, pues se encontraba «limpio» de pruebas. Un hecho que no sorprendió a la policía científica, que se muestra más optimista con las 500 armas que fueron incautadas a la organización por las fuerzas de seguridad galas y que fueron trasladadas a España el pasado febrero en dos grandes camiones.

El principal problema a la hora de hallar a los culpables de los asesinatos es que, según los datos que maneja el Ministerio Público, 128 de ellos se produjeron entre 1978 y 1982, los denominados «años de plomo», que tuvieron lugar hace ya cuatro décadas.

Los etarras mienten también en su último comunicado, en el que aseguran haber reivindicado «todas las acciones» que han cometido a lo largo de su medio siglo de historia. Una afirmación falsa, pues la banda nunca asumió el asesinato de los gallegos Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga y Jorge Juan García, quienes desaparecieron en 1973 cuando se dirigían a la comuna francesa de San Juan de Luz para ver una película censurada por el franquismo. Los jóvenes se tropezaron con integrantes de la banda, que, tras confundirlos con policías españoles, les secuestraron, les torturaron y les mataron.