Así quiere la Generalitat burlar la Justicia

Fuentes jurídicas señalan a ABC que la Ley de Contratos del Sector Público permitiría al Govern optar por el procedimiento negociado, que en algunos casos concretos permite ahorrarse la publicidad previa de la licitación. Según el articulo 177, punto 1, podrá prescindirse del anuncio cuando «se acuda al procedimiento negociado por haberse presentado ofertas irregulares o inaceptables en los procedimientos antecedentes».

En ningún caso, precisan los mismos expertos. La prevaricación y la malversación, en caso de que haya presupuesto, son palmarias. Las advertencias del TC, y el precedente de la querella presentada por la Fiscalía, precisamente por el concurso para la compra de urnas, son de una claridad cristalina. De manera paralela, una denuncia ante el Tribunal de Cuentas –como en el caso del 9-N– abriría la puerta a la reclamación patrimonial.

En primer lugar, tiempo. Si no se produce una intervención preventiva, el gobierno catalán puede seguir adelante con el procedimiento para la adjudicación, a sabiendas de que estaría cometiendo una ilegalidad, ilícito penal que también cometería la empresa adjudicataria, que debería ser una de las que participó en el concurso fallido. «Se comprarán las urnas dentro de la legalidad», aseguró ayer el consejero Turull.