Margarita Robles perdió su puesto como magistrada en el Supremo al regresar a la política
Margarita Robles perdió su puesto como magistrada en el Supremo al regresar a la política - JAIME GARCÍA

Las asociaciones de jueces recelan ante una ley que regule «las puertas giratorias»

Las asociaciones de magistrados defienden una legislación pero piden que esta proteja su derecho a participar en la vida pública como cualquier ciudadano

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No es extraño encontrar entre las filas de los partidos políticos nombres de jueces que, de la mano de una excedencia, aterrizan en la vida política. La lista es extensa, desde magistrados del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional o salas provinciales. Este martes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió la puerta a una reforma del sistema judicial en España con el objetivo de «romper vínculos» con la política para «mejorar la percepción de independencia». Entre los temas que abordó Catalá se encuentra el de las puertas giratorias, una propuesta que desde las asociaciones de jueces se valora positivamente, pero inciden en que no es la única que debe llevarse a cabo.

«Hace falta una intervención estructural en la Justicia, no solo a nivel de derecho y libertades. La independencia se tiene que mejorar en muchos aspectos, no solo en un punto», sostiene Raimundo Pardo, portavoz de la Asociación Profesional Francisco de Vitoria. Esta tesis también la comparte Ignacio González, portavoz de Jueces por la Democracia, quien además incide en la necesidad de regular las puertas giratorias pero «teniendo en cuenta el derecho de los jueces como ciudadanos a participar en la vida pública». «Sea cual sea el modelo que se elija, debe ser respetuoso con los jueces», defiende González.

Para Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria del país- que jueces y magistrados retornen desde un «cargo de naturaleza política» a su ejercicio profesional «induce a una especie de sospecha de afinidad que puede llegar a poner, para quien así lo percibe, en riesgo su apariencia de imparcialidad». En este sentido, Rodríguez destaca varias posibilidades para evitar esta percepción, de menor a mayor aplicación.

«Entre las más leves podemos hablar de la reincorporación limitada a destinos que no tengan entre sus competencias el conocimiento de asuntos en los que puedan verse afectados los intereses de grupos políticos, o la reforma del régimen legal de la abstención y la recusación», expone este portavoz. Entre las más dolosas: prohibir la vuelta al ejercicio profesional. Una alternativa que, desde la APM, puede dar espacio al debate, pero por la que «no apuesta». «Sería, en cierta medida, una limitación injusta al derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución –que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos como representantes o representados y el derecho a acceder a cargos públicos ajustándose a la ley-. Nos decantamos por una prohibición temporal, cuyo período de excedencia forzosa deberá ser fruto de mayor estudio», concluye Rodríguez.

Un viaje de ida y vuelta

Existen dos artículos en la legislación española que garantizan el regreso de jueces a su puesto en la Justicia: el artículo 7 de la Ley Electoral y el Artículo 356 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El primero contempla la posibilidad de que «magistrados, jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías en activo tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o plaza y de destino». Por lo que, bajo una excedencia, aquellos jueces elegidos en las urnas podrán volver a su puesto una vez terminado su mandato.

El segundo especifica que un juez podrá acogerse a una excedencia voluntaria si es candidato al Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, el Senado o una Asamblea legislativa autonómica o de un ayuntamiento. Si no resulta elegido, el magistrado tendrá 30 días para volver a su puesto o mantener su cese.

Del tribunal a la política, a través de los años

Desde portavoces a alcaldes, pasando por el ministro que «encarceló» a Luis Roldán. Los rostros que visten o han vestido toga y han dado el salto a la primera plana de la política nacional son numerosos. Un caso paradigmático: Margarita Robles, actual portavoz en el Congreso del Grupo Socialista, tuvo un primer escarceo durante la última legislatura de Felipe González y, en 2016, regresó a la vida pública ocupando el número 2 del PSOE por Madrid. Su vuelta a la política le costó su puesto en el Supremo. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por cuatro votos contra tres, resolvió que tras pedir su excedencia perdía su condición de magistrada del Tribunal Supremo, debido a que la ley no recogía un caso similar al suyo.

Otra cara histórica del PSOE que cambió la toga por la política y, años más tarde, volvió a ejercer fue Juan Alberto Belloch. Belloch fue ministro de Justicia e Interior con Felipe González, y el encargado de «capturar» a Luis Roldán. También pasó por el Senado y el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue concejal y, entre 2003 y 2015, alcalde. Hoy, es juez en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Con el Partido Socialista de Felipe González también coqueteó el «juez estrella» Baltasar Garzón, quien fue número dos por Madrid en las elecciones generales de junio de 1993 como reclamo en las listas que luego no obtuvo rédito electoral. Y, tras una breve excedencia en la Audiencia Nacional -apenas duró un año- , regresó después tras ser nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas. En 2016, y tras su suspensión como juez en 2012 por prevaricación, Garzón volvió a asomarse a la vida política y fundó junto a Gaspar Llamazares, ex de Izquierda Unida, «Actúa», una plataforma cívica que el pasado mes de agosto fue inscrita como partido y que le colocó entre los nombres que podrían suceder a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, algo que el exjuez negó.

Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, también tuvo su paso por la vida política. Entre los años 1996 y 2004 disfrutó de una excedencia que le permitió ejercer como Director general de objeción de conciencia (1996-2000) y Director general de objeción de conciencia (Director general de relaciones con las Administración de Justicia).