Archivada la causa contra Marhuenda y el presidente de «La Razón» al descartar coacciones a Cifuentes

En sus declaraciones , Marhueda y Casals explicaron sus conversaciones, en las que se expresaban de forma ofensiva respecto a Cifuentes, como la actuación de dos amigos que tratan de tranquilizar a otro amigo mediante «mentiras piadosas y paliativas». El juez, tras tomarles declaración, considera que su comportamiento no fue «delictivo» y decide así sobreseer provisionalmente la causa.

Entre los argumentos que cita el magistrado, Velasco explica que la presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó en su declaración por escrito que «no se sintió» presionada y que en ningún caso «lo habrían conseguido», ya que Cifuentes no dejó de denunciar las irregularidades detectadas en la gestión del Canal de Isabel II , la operación que ha provocado el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre .

El enlace de en Iberoamérica de la trama dirigida por González, que desvió al menos 23,3 millones de euros de las arcas públicas madrileñas, era Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de «La Razón» y también encarcelado por el magistrado para que no entorpezca la investigación.

El juez basa su decisión de «acordar la desinvestigación» en una triple dimensión, una conclusión alcanzada después de practicar las diligencias «esenciales» de la investigación. La ausencia de sentimiento de coacción por parte de Cifuentes se refuerza, según el magistrado, por las declaraciones de su jefa de gabinete, Marisa González , y de su número dos, el portavoz del Gobierno regional y responsable último del Canal, Ángel Garrido , quien declaró que no se llegó a reunir con Marhuenda para abordar este asunto. Ambos aseguraron que los encuentros con Marhuenda se produjeron por coincidir en actos y eventos.

En segundo lugar, Velasco acepta las explicaciones de los implicados y concluye que de los documentos aportados por Marhuenda «puede entenderse que el periódico no hizo una campaña especial o muy distinta contra el Gobierno de la Señora Cifuentes de la propia de una línea editorial, perdiendo fuerza coercitiva y explicando episodios como los que aparecen en las escuchas ». Los hechos, así, «no tienen consistencia y permanencia en la presión que justifican las imputaciones» por los delitos de coacciones.

Marhuenda y Casals, que negaron las coacciones al juez, alegaron que se trataban de conversaciones privadas entre amigos en las que trataban de convencer a Edmundo Rodríguez Sobrino de que estaban actuando para que su implicación en la investigación del Canal no avanzara, sin coacciones reales. Rodríguez Sobrino, además, reconoció que las palabras de Marhuenda y Casals eran «para ayudarle emocionalmente y no para torcer la actuación de colaboración de la Comunidad de Madrid».