Una estelada se refleja en un vehículo de la Guardia Civil en el despliegue del lunes en Gerona
Una estelada se refleja en un vehículo de la Guardia Civil en el despliegue del lunes en Gerona - INÉS BAUCELLS

Anticorrupción pide municipalizar la gestión del agua en Gerona por el saqueo de Agissa

La Fiscalía considera «anómalo» que se mantenga la concesión a la expresa al estar investigados sus administradores

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye las diligencias por el saqueo de Agissa, la sociedad mixta que gestiona el agua en Gerona, Salt y Sarriá del Ter, una vista para decidir la municipalización de este servicio «y evitar, en la medida de lo posible, consecuencias perjudiciales para los ciudadanos» de esas localidades. El juez ha accedido a ello y el lunes a las diez se celebrará la vista en la que el magistrado tomará la decisión.

El Juzgado de Instrucción 2 de esa ciudad investiga las actividades delictivas cometidas por los responsables de la empresa en la época, entre otros alcaldes, de Carles Puigdemont, quien según los investigadores «tuvo que conocer y autorizar», en razón de su cargo, las actividades irregulares en la sociedad que gestiona el agua en la capital gerundense. De momento no está investigado porque se trata de un aforado y el caso tendría que pasar a manos del TSJ de Cataluña previa elevación de la correspondiente exposición razonada por parte del actual instructor.

En concreto, el fiscal del caso defiende que «se proceda a la designación de los equipos de gobierno de los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá del Ter como administrador judicial sobre Agissa, para lograr el mantenimiento del servicio público del llamado ciclo del agua y alcantarillado».

Responsabilidad pública

Esta petición del ministerio público se produce después de las entradas y registros del pasado lunes, entre otros lugares, en la sede de la empresa mixta, cuyo accionariado está formado por la mercantil Girona S.A., que tiene un 80 por ciento de los títulos, y los tres ayuntamientos citados, que cuentan con el 20 restante.

Para Anticorrupción, la municipalización del servicio del agua «encuentra su legitimización en la naturaleza de los delitos investigados: delitos de administración desleal, apropiación indebida, prevaricación, falsedad en documento mercantil y, eventualmente, malversación de caudales públicos por lo que atañe a los investigados que, desde su responsabilidad pública, distrajeron capital y bienes» del servicio público del agua.

Considera el fiscal que una vez que se imputa a los administradores de la empresa concesionaria actos delictivos directamente relacionados con la gestión de Agissa, es anómalo permitir que se pueda perpetuar la comisión de los delitos imputados permitiendo a los actuales gestores dirigir las actividades de la empresa municipal.

La razón por la que el ministerio público considera que deben ser los propios ayuntamientos los que asuman la gestión es que de esta forma el Juzgado se garantizaría la supervisión de las decisiones que puedan tomar a través de los órganos de control municipales, como son la Intervención y la Secretaría.

Los investigados son dos exconsejeros delegados de Agissa, dos consejeros de la sociedad, uno de Proaisa, el abogado de la sociedad municipal gestora del agua y un accionista de Girona S.A.

Perjuicio para los ciudadanos

El saqueo de Agissa ha supuesto no solo un enriquecimiento ilícito para sus gestores sino también un notable perjuicio económico para los ciudadanos, que pagan más por el agua que lo que les correspondería de haberse realizado una gestión mínimamente ortodoxa. Como adelantó ABC, los primeros cálculos apuntan a que la tarifa mensual debía ser hasta cinco euros más baja.

Agissa se creó en 1992, pero fue en 1998, con Joaquim Nadal, del PSC, alcalde, cuando comenzó el vaciamiento patrimonial propiamente dicho. En esas fechas se modificó el convenio firmado entre la empresa municipal y los ayuntamientos, de modo que a partir de entonces los beneficios se repartirían antes de pagar los gastos; es decir, sobre el bruto de la facturación.

De esta forma, los socios aumentaban sus beneficios independientemente de los gastos que tuviera la empresa y cada año ganaban más, pero la sociedad pública iba acumulando cada vez más deuda. No solo eso; para pagar menos impuestos los dividendos se facturaban como gastos, de modo que Agissa acumulaba más pérdidas.

Puigdemont empeoró la situación

En 2013, ya con Puigdemont como alcalde, hubo la posibilidad de poner fin al convenio, ya que se había acabado el plazo de concesión, o de regularizar la situación. No se hizo ni una cosa ni la otra, aunque desde luego esa decisión tuvo que tomarse por razones políticas -es una de las vías de investigación abiertas-, ya que no había ninguna justificación económica para ello. Tras saltar a los medios las primeras noticias del escándalo sí hubo un cambio en el modo de repartir los dividendos, pero curiosamente eso generó un agujero aún mayor.

Lo que se hizo fue «mejorar» las ganancias de los ayuntamientos doblando el canon que Agissa debía pagar a los consistorios por el alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, pero en realidad quien lo pagaba al final era el ciudadano, al que se le subían las tarifas y no se le mejoraba la red. Además, Girona S.A. el socio privado de la empresa municipal de gestión del agua, concedió un crédito a ésta, eso sí con un interés del 12 por ciento, desproporcionado desde cualquier punto de vista.

Otra de las irregularidades detectadas es el cobro de Girona S.A a Agissa de 400.000 euros supuestamente por servicios de dirección cuyo coste acreditado es de apenas 100.000. Es llamativo que la mercantil facturase 50.000 euros anuales a la empresa de gestión del agua por el trabajo de un director de servicios cuando esa figura había desaparecido desde hacía 20 años.