Jordi Turull, diputado de Junts per Catalunya, ayer en el Parlament
Jordi Turull, diputado de Junts per Catalunya, ayer en el Parlament - EFE

¿En qué afectará la citación del Supremo a Turull?

Si es encarcelado de forma preventiva, las opciones de Turull como candidato a presidente dependerían del Supremo

Cuando sea firme, el procesamiento por rebelión supondrá la inhabilitación de los encarcelados o fugados

MadridActualizado:

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha convocado a los 28 líderes secesionistas investigados mañana, para notificarles el auto de procesamiento, y ha citado a seis de ellos, entre ellos Jordi Turull, para una vista de medidas cautelares. Las acusaciones podrán solicitar el encarcelamiento de forma preventiva. Estas son las claves de una jornada judicial y política decisiva.

¿Qué se conocerá mañana?

El juez instructor del Tribunal Supremo que investiga a los 28 dirigentes independentistas que empujaron a Cataluña hacia la secesión por las vías ilegales dará a conocer la situación procesal de los afectados, al cerrar la fase de instrucción con el auto de procesamiento, en el que expondrá contra quiénes ha recopilado indicios sólidos y por qué delitos. Se desvelará el contorno del futuro juicio y si serán enjuiciados por rebelión.

¿Quiénes son estos 28 investigados?

Los 13 miembros del Gobierno catalán bajo la presidencia de Carles Puigdemont: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Montse Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Santi Vila, Carles Mundó y Joaquim Forn, además del propio «expresident» depuesto. También seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán: Carme Forcadell, Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. A estos hay que sumar a los «Jordis», Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, como máximos dirigentes de Òmnium y la ANC, que agitaron el «procés» . Y, finalmente, a otras 6 personas, que podrían formar parte de la dirección estratégica del «procés»: Artur Mas, Marta Rovira, Marta Pascal, Mireia Boya, Anna Gabriel y Neus Lloveras.

¿La decisión de Llarena en qué afecta a Jordi Turull?

Jordi Turull es uno de los 28 investigados por Llarena. Además, él ha sido citado –junto a otros cinco imputados– a comparecer en persona con su abogado para celebrar una vistilla de medidas cautelares, en la que se revisará su situación y las acusaciones podrían solicitar su ingreso en prisión preventiva. El juez ha convocado la comparecencia, ante el avance de la causa, con el procesamiento, y la previsible grave acusación que pesará contra los seis citados. Esto es decisivo por dos razones, a corto y a medio plazo. Si es encarcelado mañana mismo, los movimientos de Turull estarán controlados por el juez, quien debería autorizar cualquier permiso para salir de prisión y asistir al Parlament. A Jordi Sànchez, el anterior candidato, nunca le otorgó ningún permiso solicitado.

A medio plazo, el ingreso en prisión también será decisiva. El procesamiento por el delito de rebelión, cuando sea declarado firme por la Sala de Apelación, supondrá la inhabilitación automática de aquellos contra los que se haya decretado la prisión preventiva.

¿Por qué es relevante lo que suceda con Turull?

Tras los fiascos de las candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, ambos de Junts per Catalunya (JpC), esta formación propondrá a Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, que el tercer candidato sea Turull. Sin embargo, si Llarena le aplica la cárcel provisional por el delito de rebelión, como medida cautelar, Turull quedaría inhabilitado para ejercer un cargo público, en función de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿A qué penas se enfrentan los investigados en el caso?

El juez atribuye a los investigados los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos. Les acusa de empujar hacia la independencia por las vías ilegales, alentando la insurrección y enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. El horizonte judicial de los investigados dependerá de los delitos por los que sean procesados, según su implicación en el plan ilegal. El más grave, el de rebelión, se castiga con hasta 25 años de cárcel si es sin armas.