Un funcionario junto a una urna en Montevideo, días antes de las últimas elecciones municipales en España en mayo de 2015
Un funcionario junto a una urna en Montevideo, días antes de las últimas elecciones municipales en España en mayo de 2015 - efe

PP y PSOE pelean sobre quién y cómo suprimir el voto rogado

Los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo en suprimir un cambio que ellos propiciaron en 2011 y que ha hundido los sufragios de españoles en el extranjero

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PP y PSOE no se ponen de acuerdo en cómo suprimir el cambio electoral que supuso la introducción del voto rogado, un método que pretendía acabar con el fraude electoral en el voto de los emigrantes pero que ha terminado hundiendo los sufragios que llegan de españoles en el extranjero, que en cuatro años han pasado de sumar una participación del 30 por ciento a registrar una casi residual, del 5 por ciento.

Este voto rogado supone que los emigrantes españoles en otros países están obligados, desde enero de 2011, a solicitar previamente el voto para poder ejercerlo. Ello se traduce en una serie de engorrosos trámites, acortamiento de los plazos y ausencia de la suficiente publicidad institucional para informar a los interesados. La norma fue modificada en 2010 por acuerdo de PSOE, PP, CiU y PNV. Se pretendía con este método acabar con las constantes denuncias de fraude en el voto de los emigrantes. Pero la traducción en caída de la participación electoral fue brutal e inmediata.

Desde entonces, ha habido varios intentos para retornar a la situación de inicio, todos frustrados. El último, este miércoles en el Congreso, cuando la diputada socialista Carmen Silva le reclamó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la supresión de este voto rogado para las próximas elecciones generales, a través de una iniciativa legislativa que el Gobierno podría presentar en 15 días y que podría tramitarse por la vía de urgencia, en lectura única, dado que contaría con un «apoyo mayoritario» en la Cámara.

Una proposición que no ha sido aceptada por los populares; el ministro Fernández aseguró que este tipo de reformas, que suponen tocar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, deben realizarse a través de «una iniciativa legislativa por vía de proposicón de ley conjunta de los grupos parlamentarios», y no como decisión del Gobierno. Así lo marca, recordó, la tradición.

Pero este procedimiento supondría una dilación de varios años en la asunción de los cambios, frente a la premura con que urge el PSOE que se hagan los cambios. La diputada socialista Silva reconoció este miércoles en el Congreso el «error» que Rodríguez Zapatero cometió cuando apoyó la implantación de este sistema. Pero reprochó a los populares su poco interés en cambiar la norma, aún a sabiendas de que perjudica claramente a los españoles residentes en el extranjero a la hora de ejercer su derecho a voto.

No es la primera vez que se intenta cambiar este voto rogado; en octubre de 2013 también se rechazó por el PP en el Congreso una iniciativa del PSOE para revocarlo. Unos meses después, se admitía a trámite una reforma electoral que llegó desde Galicia y que apoyaba el mismo Alberto Núñez Feijóo, en ese mismo sentido de eliminar este trámite. La iniciativa, no obstante, no tuvo mucho más recorrido, y sigue bloqueada en la Cámara un año después. También IU entró en la lista de peticionarios de un cambio en el voto rogado, y elevó su queja a la Junta Electoral Central, pero este organismo tampoco ha entrado en el fondo del asunto. Hay incluso un movimiento ciudadano, la Marea Granate, que defiende el atropello de derechos políticos que supone esta modalidad de voto con olor a naftalina.