El TS defiende la jurisdicción española para investigar el asesinato de Ellacuría

El Supremo ha reafirmado la competencia de los tribunales españoles para seguir investigando el asesinato de Ignacio Ellacuría y de otros cinco jesuitas en El Salvador en noviembre de 1989. La Sala Segunda del Alto Tribunal señala que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional debe continuar con esta causa porque, por un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, y, por otro, hay «indicios suficientes» de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables.

En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el Supremo responde a la exposición razonada que le elevó el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para determinar si procedía continuar la causa abierta en España por estos hechos en virtud de una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad. Según la querella, el crimen fue cometido por miembros de un batallón del Ejército salvadoreño siguiendo un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército, del que serían responsables el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares.

El auto de la Sala Segunda analiza la aplicación a este caso de los límites a la justicia universal que estableció la reforma de la ley del Poder Judicial hace un año y que establece la no persecución de los delitos a los que se refiere la refiorma si el Estado donde se han cometido los hechos ya ha iniciado una investigación. En este caso, la Sala señala que existen indicios serios y razonables de que «el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad».

En ese sentido, el juez Velasco destacó en su exposición razonada las dilaciones por parte de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos en obtener documentos –parte de los cuales pudieron así ser destruidos--; la ocultación de datos al juez instructor por parte de dicha Comisión; la renuncia de los fiscales del caso porque el fiscal general les ordenada no impulsar el procedimiento; las presiones externas durante el juicio oral; o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado. Todas esas circunstancias fueron corroboradas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1999.