La Comisión Europea rechaza que Cataluña pueda tener un «representante permanente» en Bruselas

El Gobierno español advirtió ya el pasado mes de febrero al Ejecutivo de Artur Mas de que no podía nombrar, como había hecho, a través de un decreto de fecha 13 de enero, a Amadeu Altafaj, «representante permanente», en sustitución del hasta entonces «delegado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña», porque esa denominación está reservada para los jefes de Misión de los Estados miembros y no de otras entidades de menor nivel.

Poco después, el eurodiputado Santiago Fisas , remitió una pregunta a la Comisión Europea para conocer su opinión sobre la decisión del Gobierno catalán de crear un nuevo cargo del que el portavoz de la Generalitat aseguró que tendría las funciones de «representar, defender y promover los intereses generales de Cataluña y asumir las relaciones con las instituciones comunitarias». Y, en concreto, preguntaba si la Comisión tenía la «intención de sustituir como interlocutor al Gobierno de España y a su representante permanente ante la UE y tratarlos directamente con el nuevo representante de la Generalitat ante la UE?».

La respuesta por escrito de Timmermans, a la que tuvo acceso ABC, recuerda que cada uno de los 28 Estados miembros está representado ante la Unión Europea por su Representación Permanente y añade: «Consiguientemente, todo contacto oficial, nacional, regional o local, con las autoridades de un Estado miembro debe hacerse a través de la Representación Permanente de dicho Estado miembro».

Subraya, además que la UE debe respetar «la identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales, políticas y constitucionales» de los Estados miembros , «también en los referente a la autonomía local y regional» y agrega que «respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». En consecuencia, señala que no corresponde a la Comisión comentar la creación de estructuras administrativas en dicho Estado miembro.

Finalmente, agrega que, según establece el Tratado de la Unión Europea , las instituciones europeas «darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones.

Medios diplomáticos españoles consultados por ABC consideran que las afirmaciones del vicepresidente Timmermans avalan el rechazo español a la figura creada por Artur Mas y señalaron que, en breve, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo por parte del Gobierno español contra el mencionado decreto de la Generalitat.

La decisión del Ejecutivo obedece a la falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno catalán a la invitación formulada para que anulara en el plazo de un mes la denominación de «representante permanente» para el jefe de su oficina en Bruselas y volviera a la de «delegado» de Cataluña.

El aviso había sido hecho llegar al consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs , a través de una carta del secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo , en la que le recordaba que el nombre de «Representante Permanente» está reservado en Derecho Internacional para designar a los jefes de Misión (es decir, a los embajadores) que los Estados acreditan ante una organización internacional y no para sus subdivisiones políticas, ya sean regiones, estados federados o comunidades autónomas.

Eso es lo que sucede también en la Unión Europea, donde los representantes permanentes de los países miembros, con los que conforman el llamado «Comité de Representantes Permanentes» conocido por sus siglas «Coreper, y que es un organismo muy activo en el que se adoptan o se preparan las decisiones que deben ser adoptadas en los Consejos.

El escrito añadía que el nombramiento de un «representante permanente ante la UE» por parte de la Generalitat tampoco es conforme con el ordenamiento interno español, «en particular –decía– con la reserva constitucional del núcleo duro de las relaciones internacionales, incluida la representación del Estado en el exterior y el derecho a delegación activo y pasivo a favor del Estado».

Finalmente, recordaba que tanto el Estatuto de Cataluña como la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, aprobada hace un año, e incluso la reciente ley catalana de Acción exterior y Relaciones con la UE o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se refieren en todo momento a oficinas o delegaciones de las comunidades autónomas ante la Unión Europea y no a Representaciones Permanentes.