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Crespo acusa la UDEF de ocultar «deliberadamente documentación en el caso Gürtel»

«Es imposible analizar todas las pruebas en un solo mes. Estamos abrumados ante tanta indefensión», dice su abogado

Crespo acusa la UDEF de ocultar «deliberadamente documentación en el caso Gürtel» Efe

Marisa gallero

Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, consejero delegado de las empresas de Francisco Correa, denunciará en las cuestiones previas del primer juicio del caso Gürtel , que las defensas de los 14 imputados no han tenido acceso hasta el pasado mes de febrero a todo el material que estaba en poder de la UDEF desde el inicio de la investigación. «Un disco duro de una de las imputadas nos puso en alerta de la forma de actuar de la policía judicial. Han utilizado el material que beneficia a sus tesis y hay muchos documentos que anularían informes de la UDEF que nos han ocultado», declara el letrado.

Fue el viernes 6 de febrero de 2009, cuando el entonces juez Baltasar Garzón, del Juzgado Central de Instrucción número 5, ordena la detención de Correa, su primo Antoine Sánchez y del ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo. Se registra e incauta documentación en todas las oficinas del grupo, tanto carpetas como servidores, discos duros y pendrives. Tres días más tarde, en Valencia, es detenido Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes», después de celebrar el bautizo de su hija sin la presencia del padrino, Don Vito en los apuntes del contable.

En las oficinas de Orange Market se localiza toda la caja B de la empresa, y la información de las adjudicaciones de los expositores de Fitur entre los años 2005 a 2009. Solo por la Consejería de Turismo de la Generalitat, controlada por Milagrosa Martínez, cobraron 74 facturas por un importe de 6,1 millones de euros. Se ha incorporado al sumario del caso Gürtel aproximadamente 11 terabytes y 11.000.000 de archivos, que fue puesto a disposición de las partes mediante una providencia del juez Pablo Ruz el pasado 28 de noviembre.

«Al empezar a revisar una ínfima parte de esos archivos, hemos descubierto que hay muchas pruebas de descargo de la pieza de Fitur que no han sido llevadas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y desmienten muchos de los puntos de los escritos de acusación y del propio auto de apertura del juicio oral del juez de instrucción José Francisco Ceres. Es una vulneración de derechos de defensa que plantearé en el Comité de Derechos Humanos de la ONU» –explica Durán–. «Creemos que el agente de la policía judicial que ha dirigido la investigación, Manuel Morocho, ha ocultado deliberadamente esa documentación. Es imposible analizar todas las pruebas en un solo mes. Estamos abrumados ante tanta indefensión».

La Sala que va a enjuiciar las adjudicaciones del pabellón autonómico de Fitur por parte de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market ha admitido la aportación de documentos testimoniados los días que se debatan las cuestiones previas, incorporándose en este momento casi 1.000 nuevas pruebas de descargo.

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